Iquitos, 24-02-201 (REPAM).- Estábamos en un curso de Derechos Humanos en Santa Rita de Castilla, distrito de Parinari y provincia de Loreto, cuando saltó la noticia de un incendio en un tanque de petróleo de la estación de San José de Saramuro. Era el año 1995 (mayo o junio). Todo lo zanjaron en silencio. El acontecimiento se perdió en el olvido. La distancia y la falta de contactos no dieron para más. Estábamos recién llegados.
El suceso nos abrió los ojos al Oleoducto Nor-peruano. Lo que recibían algunas comunidades eran unos cuantos lapiceros y cuadernos cada año y medio aproximadamente. Nos pareció ridículo. Poco a poco fuimos escuchando varios sucesos. Uno de ellos ocurrido unos años antes en la quebrada Patuyacu, frente a la comunidad nativa de Monterrico (distrito de Urarinas, provincia de Loreto) donde una rotura del oleoducto terminó con la muerte de un ingeniero “gringo” cuando su helicóptero se estrelló al ir a reparar el Oleoducto. La gente lo narraba con total normalidad.
Años después, en una infausta tarde de octubre de 2000, percibimos un penetrante olor a petróleo antes de visualizar la mancha negra en que se había convertido el Marañón. En aquel entonces vivíamos en Santa Rita de Castilla, distrito de Parinari y provincia de Loreto. Nunca habíamos visto semejante agresión. Por entonces era difícil hacer comprender la gravedad del tema. Perú recién había salido de una negra época de terrorismo. Las personas y organismos vinculados a derechos humanos no habían incorporado todavía el tema del medio ambiente. Los que nos atrevíamos a mencionarlo éramos sospechosos de poco compromiso con el Perú. Así nos lo hicieron sentir colectivos cercanos e incluso instituciones eclesiales. Un amigo, que se atrevió a defendernos en aquella época, nos solicitó que le comunicáramos lo que necesitábamos. Entre otras cosas pedimos un teléfono público. En aquel entonces no había nada más que unas cuantas radiofonías. La petición le pareció exorbitada: “tampoco es ahora para pedir infraestructura que no tiene que ver el derrame”, fueron más o menos sus palabras. Nos quedamos de piedra. Desde la Defensoría del Pueblo nos pidieron que tuviéramos cuidado con la radiofonía: “les están escuchando todo”.
No se comprendía la gravedad del asunto. Un comerciante de Santa Rita de Castilla nos dijo algo parecido a lo que sigue: “siempre ha habido derrames. Yo voy al río, separo un poco el petróleo crudo y recojo el agua para tomar. Siempre ha sido así, nunca me ha pasado nada. ¿Por qué esta vez va a ser diferente?”. Nos quedamos petrificados en el río mientras llevaba el agua a su casa en un balde. Ese mismo día tuvimos que retar a un antropólogo, enviado por la Pluspetrol a tomar agua del río dado que insistía en que no estaba contaminado. Evidentemente, no aceptó el reto.
El 2010 volvió de nuevo a ocurrir otra rotura del oleoducto. Para entonces la gente ya estaba más preparada. Para esta fecha Pluspetrol aseguró que la Reserva Nacional Pacaya Samiria no estaba contaminada, a una pregunta nuestra en Santa Rita de Castilla. Mayor cinismo, imposible. Pluspetrol dividió a las organizaciones indígenas y preparó un problema serio posterior. El Estado nunca estuvo a la altura de las circunstancias, amparando prácticas poco responsables. Para entonces ya había teléfonos públicos en varias comunidades. Fue más fácil dar a conocer lo que estaba sucediendo. Se puede repasar los periódicos de la época.
El 2014 hubo en derrame en San José de Saramuro, que no se reportó y cerraron las instalaciones petroleras para negar la información. El gobierno peruano lo mantuvo en silencio. Poco después fue el derrame en Cuninico, producto de la rotura del oleoducto. Petroperú no percibió dos hechos básicos. Por un lado, ya había teléfonos en casi todas las comunidades, incluso ya había celulares. Por otro, ese año comenzó un servicio de deslizadores “rápidos” que te transportaba de Nauta a Cuninico en 10 horas aproximadamente. Eso permitió la llegada de periodistas y alguna ONG amiga. La judicialización del caso sigue adelante y ha permitido sentar las bases de un antes y un después de Cuninico.
Posteriormente, también el 2014, hubo otro derrame en San Pedro, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, de mayor cuantía y gravedad que el de Cuninico. A pesar de la presencia de periodistas este caso no ha tenido la repercusión de Cuninico. Algún día contaremos la “intrahistoria” de todo este dolor. No se judicializó el caso.
Hay más derrames, muchos más. Estos son los más saltantes. Nos llamaron de San José de Saramuro en varias ocasiones, del Chambira y de otros lugares que ahora es tedioso narrar.
Sirva este post como inicio de esta nueva contribución. También nos gustaría contextualizar el tema del Oleoducto con estos pocos datos que permite mirar que las roturas en Chiriaco y Morona no son “accidentes”, sino una forma de actuación negligente. Nos gustaría ver ahora las caras de los organismos que han entregado certificados a Petroperú de buenas prácticas. En ocasiones la verdad tarda en salir a la luz, pero “la verdad nos hará libres”.
Los medios cuentan que, otra vez, han sido contratados menores de edad por Petroperú para recoger el crudo, igual que en Cuninico. No hemos aprendido nada.
OLEODUCTO NOR-PERUANO Y DERRAMES DE PETROLEO, Iquitos, 24 de febrero de 2016
Para el derrame en Chiriaco se puede consultar: http://jesuitas.pe/index.php/novedades/iglesia/439-pronunciamiento-derrame-inayo#.Vs3WCfnhDIU
Publicación original en “La candela del ojo”