Iquitos, Perú. Septiembre de 2024. El 25 de septiembre de 2024, pobladores de los asentamientos humanos Iván Vásquez Valera y 21 de septiembre, ubicadas en el distrito de Punchana (periferia de Iquitos, Loreto) salieron a las calles para exigir el cumplimiento de una sentencia que salvaguarda su derecho a una vida digna. Más de 2500 personas (entre ellas niños y adultos) luchaban por un derecho básico: el agua potable.
Por Equipo de Comunicación REPAM
Iván Vásquez Valera y 21 de septiembre son zonas gravemente afectadas por la contaminación de un desagüe a cielo abierto que recoge los desechos de un camal (o matadero municipal), una estación de gasolina y un hospital cercano; el escenario es propicio para el surgimiento de serios problemas sanitarios y ambientales. Del canal emana un hedor intenso y en el agua se pueden notar los restos de excretas y otros elementos sumamente peligrosos para la salud.
En la época de lluvias el nivel del agua sube y frente al olvido de las autoridades, los vecinos promueven la adecuación de pequeños muros con costales de tierra, o defensas ribereñas, para que sus casas no se inunden. La situación es grave, pues las laderas del canal están repletas de basura; los residuos sólidos se acumulan o simplemente navegan sobre el Amazonas. Ninguna entidad se hace cargo y si a ello sumamos la falta de conciencia para el manejo de desechos, que persiste en distintas zonas urbanas de la Amazonía, es normal que visualicemos un panorama con pocas garantías para proteger la vida y la dignidad de quienes habitan y habitaran este territorio.
Para el 25 de julio de 2023 el Tribunal Constitucional de Perú emitió la sentencia 322-2023, la cual obliga a las autoridades locales a garantizar el suministro de agua potable y otros servicios esenciales (manejo adecuado de residuos y desechos) en los asentamientos ya mencionados, con el objetivo de generar condiciones de salubridad y de vida dignas. Sin embargo, un año después de la sentencia, los habitantes siguen enfrentando una realidad alarmante. Aunque una cisterna de agua llega una vez a la semana, el suministro es insuficiente.
“No nos alcanza a todos, y el agua no es de calidad, hemos tenido brotes de enfermedades” comentó Nena Asteres, residente de la zona, explicando que entre los principales problemas de salud se encuentran diarreas, fiebre, marcas en la piel y parásitos; todo se deriva del consumo de agua en mal estado.
Una salud vulnerada
La salud es considerada un derecho fundamental; sin embargo, para las personas que viven en los asentamientos humanos de Iván Vásquez Valera y 21 de septiembre se ha convertido en una realidad difícil de alcanzar. En la zona, no sólo se sufre por la falta de acceso al agua potable, sino que, además, los pobladores están sometidos a vivir entre el hedor y las consecuencias que generan la basura y los desechos orgánicos que se acumulan en el lugar. El libro Residuos tóxicos en la Amazonía peruana resalta que:
‘’La situación de insalubridad por la falta de agua afecta directamente a la educación de los habitantes de los asentamientos humanos, que no cuentan con un servicio adecuado de agua, obligando a los padres a pagar para que sus hijos puedan disponer de este recurso básico. Esta falta de acceso al agua, un derecho fundamental, ha negado también otros derechos esenciales como la salud, la educación y una vida digna. Los residentes han luchado durante siete años por mejoras, y aunque ganaron la sentencia hace un año, aún esperan soluciones concretas’’
Un buen número de familias del sector presentan enfermedades presumiblemente relacionadas con la contaminación del agua. Los síntomas más destacados son la diarrea, el vómito, los dolores de cabeza y problemas de la piel, tanto en niños como en adultos; este tipo de condiciones son evidentes principalmente entre las familias que viven a los costados del canal. Así mismo, son frecuentes los problemas respiratorios, el dengue, la hepatitis, la infestación de parásitos y todo tipo de problemas digestivos y urinarios. La abundante presencia de gallinazos, roedores, cucarachas, zancudos y moscas es una constante en los asentamientos. A ello se suma la proliferación de vectores que provocan diversas enfermedades como dengue, malaria y leptospirosis.
Una realidad inconstitucional
En agosto de 2023, el Tribunal Constitucional dispuso detener el vertimiento de desechos orgánicos al sistema de alcantarillado municipal que desemboca en el desagüe a cielo abierto ubicado en dichos asentamientos. Además, ordenó el recojo de residuos sólidos mediante un sistema que evite la acumulación de los mismos en las calles, el cubrimiento del alcantarillado, el cierre del caño que viene de EsSalud, la construcción de rasantes que eviten el rebalse de las aguas residuales hacia las casas y de un sistema de agua potable.
La situación actual en ambos asentamientos humanos es muy distante a todo ello. Los vecinos no dan su brazo a torcer en una batalla legal que inició en 2016, con una demanda de amparo que presentaron las juntas vecinales de los asentamientos y que contó con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Vicariato de Iquitos. Ocho años después, la indignación y la desesperación aumentan.
Nueva audiencia judicial
El 25 de septiembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia de cumplimiento en la ciudad de Iquitos. Allí, los habitantes de Iván Vásquez Valera y 21 de septiembre expusieron su situación y demostraron que las autoridades no han implementado las soluciones ordenadas. Durante la audiencia, el juez dictaminó que se deben suministrar cuatro cisternas de agua diarias, además de mejorar la recolección de basura (otro servicio prácticamente inexistente que ha forzado a la comunidad a convivir entre desechos). Aunque los habitantes celebraron el fallo, muchos temen que la implementación siga siendo lenta e insuficiente.
