Según la información brindada por la Agencia de Noticias FIDES, el presidente de la comunidad indígena Tacana Buenaventura, Winston Maeda Antezana manifestó que alrededor de 120 balsas se movilizaron desde Riberalta hacia la reserva nacional, en diciembre pasado, con la finalidad de promover la explotación de oro.
Por Equipo de comunicaciones de REPAM
La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi cuenta con una extensión superior a las 700 mil hectáreas de bosque; su territorio alberga una gran cantidad de fuentes hídricas, especies de fauna clasificadas en peligro de extinción y varios pueblos indígenas (Yine, Esse Ejja, Cavineño, Yora, Pacahuaras, Yaminahua y Manchineri). En la última semana, Regis Richter, gobernador del departamento de Pando, denunció el ingreso de balsas mineras al área protegida, un acto que atenta contra el equilibrio del ecosistema y su biodiversidad.
Ingreso de balsas
Sebastián Divico, diputado nacional por el departamento de Pando, se refirió a este hecho señalando que “hay cuatro empresas concesionarias que tienen los permisos para realizar la explotación” específicamente en un área del río Madre de Dios. Salir de las áreas cedidas a las empresas y sumergirse a otras fuentes hídricas o selva adentro significa un acto delictivo. El propio diputado ha señalado que, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) maneja la versión de que son extrabajadores de la entidad quienes estarían involucrados en esta práctica, como una represaría por su desvinculación.
Desde la comunidad indígena Tacana Buenaventura, encabezada por su presidente Winston Maeda, se indicó que fueron unas 120 balsas las que llegaron desde Riberalta desde diciembre de 2024 para iniciar la explotación de oro. La Reserva Manuripi ha sido catalogada como el área protegida de mayor importancia para el norte boliviano. Por un lado, la diversidad biológica que presenta el área protegida contribuye en buena medida a la preservación de la vida; y por otro, un buen número de familias depende de la zafra de castaña (realizada dentro de la reserva) como principal actividad económica.
Autorización de actividades ilegales
Liderazgos indígenas, vinculados a la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, han señalado que existe una permisividad por parte del estado boliviano frente a la minería ilegal y el contrabando de combustible. Desde la coordinadora, el Ministerio de Ambiente y Aguas y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) han sido señalados por autorizar acciones prohibidas dentro de áreas protegidas; también, se ha señalado que se identifican casos en los que, directores de áreas protegidas emiten certificados de explotación.
Las dirigencias indígenas han señalado que se debe animar a la sociedad civil para asumir un rol activo en cuanto a la protección del medio ambiente, que sea acorde a la Constitución Política del Estado de 2009. Se resalta que es el momento preciso para que la población pueda exigir cambios y crear las bases de cara a un futuro distinto en la gestión y administración de las áreas protegidas.
Fuente: Agencia de Noticias FIDES