La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países de la cuenca amazónica: COIAB (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña) de Brasil, CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) Bolivia, AIDESEP (Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana) Perú, CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana) de Ecuador, OPIAC (Organización Nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana) Colombia, ORPIA (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas) de Venezuela, APA (Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana) de Guyana, OIS (Organizaciones Indígenas de Surinam) Surinam y FOAG (Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa) Guyana Francesa, reunidos en la ciudad de Quito, del 16 al 19 de marzo de 2018, en el marco del Consejo de Coordinación y Consejo Directivo de la COICA, acuerdan emitir la presente Declaración de Quito:
Considerando:
Que, la cuenca amazónica ha sido el hogar de pueblos indígenas por más de 10 mil años, y actualmente habitan en esta región 390 pueblos indígenas, más 66 pueblos en aislamiento voluntario, y más de 2,5 millones de indígenas con una diversidad cultural única, basada en una relación holística con su territorio, que ha llevado a mantener conservados el 28,3% de territorios indígenas dentro de la cuenca amazónica, abarcando 175 millones de hectáreas tituladas y más de 100 millones de hectáreas que faltan titular.
Que, los bosques tropicales de la Amazonía son un ecosistema estratégico para enfrentar el cambio climático, por sus múltiples funciones ecosistémicas, como la de mega diversidad biológica, regulación hídrica de los “ríos voladores” y los millones de toneladas de biomasa de carbono forestal depositado en los bosques tropicales de los territorios indígenas.
Que, esta región estratégica global de diversidad biológica y cultural, a la vez tiene una presión enorme por las actividades extractivas de empresas nacionales y extranjeras, mineras y de hidrocarburos, infraestructura y monocultivos, así como por la presencia de otros agentes externos que generan impactos ambientales y sociales irreversibles para los pueblos indígenas y sus territorios.
Que, es importante la consulta previa y la aplicación aplique según en el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 2 establece que “…los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad…”
Que, existe una presión de inversiones chinas que no cumple con estándares mínimos internacionales y que causan graves impactos ambientales y sociales con una consecuenta flexibilización de las normas nacionales.
Los representantes de las organizaciones indígenas nacionales amazónicas miembros de la COICA, de los 9 países de la cuenca amazónica, ponen de manifiesto denuncias y preocupaciones para consideración pública nacional e internacional, en especial de los Estados nacionales amazónicos:
En Colombia, la OPIAC denuncia que, (1) con el Acuerdo de Paz, sus territorios continúan amenazados con la presencia de los mismos actores armados al margen de la Ley, y del propio Estado, que se derivan en persecución y asesinatos a los líderes indígenas en sus propios territorios, y se exigen garantías constitucionales plenas para que exista participación de los pueblos indígenas en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, respetando el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado; (2) la presión en los territorios indígenas por la presencia de empresas mineras legales e ilegales, ha generado un problema de salud pública en la región, contaminando con mercurio las fuentes hídricas, así mismo la exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas, vulnerando el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado, por lo que se exige una solución; (3) la constante vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas en la aprobación de leyes y políticas públicas en temas que les afectan, por lo que se exige proteger de manera más efectiva el derecho fundamental a la consulta previa.
En el Ecuador, si bien es cierto se reconoce el proceso de diálogo establecido entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas representadas por la CONAIE y la CONFENIAE, en mesas nacionales temáticas de trabajo; sin embargo (1) la nueva ronda petrolera y concesiones mineras son una amenaza permanente a los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y a su forma de vida; (2) la persecución a líderes indígenas, reflejada en los procesos judiciales iniciados por al anterior gobierno, aún no se han cancelado y las demandas de amnistía e indulto para los presos políticos no son atendidos; (3) se pide a las autoridades de gobierno, el respeto a los derechos ancestrales de las comunidades, en ese sentido se respalda a la nacionalidad Siekopai por su derecho ancestral territorial, cultural y espiritual para la construcción de una casa ceremonial en el punto denominado laguna de KOSA DOPË, dentro de la Reserva de Cuyabeno en la zona de Lagarto Cocha, que fue parte del territorio ancestral de esta nacionalidad.
En Perú, los territorios indígenas sufren una permanente amenaza por (1) las concesiones forestales, mineras, de monocultivos, infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras y trata de personas, y cultivos ilícitos de coca, (2) las demandas de titulación de sus territorios no son atendidos, y al contrario el Estado peruano, de manera inconsulta y arbitraria continúa declarando áreas protegidas en superposición de los territorios indígenas como el caso Yaguas en el Departamento de Loreto, que atenta contra el uso ancestral de los recursos del bosque por parte de los propios pueblos indígenas.
En Bolivia, la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), menciona que el Ministerio Público rechazó en marzo 2018 la querella penal contra el presidente de la CIDOB, hermano Adolfo Chávez Beyuma y líderes indígenas, por presuntas irregularidades, sin embargo esta acción demuestra que la demanda fue un instrumento de venganza y persecución política del gobierno nacional contra la CIDOB orgánica -que es la única reconocida por la COICA-, por su resistencia y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas. La CIDOB denuncia que continúa la persecución y división del movimiento indígena, por parte del gobierno nacional, con la criminalización de la protesta social por la defensa de los territorios. Además, los territorios indígenas sufren una permanente amenaza por las concesiones forestales, mineras, de monocultivos, infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras, y cultivos ilícitos de coca.
En Venezuela, se reconoce en la legislación nacional los derechos de los pueblos indígenas y se ha ratificado acuerdos y normas internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, que garantiza la consulta libre previa e informada y la participación de los pueblos indígenas en asuntos que les afecte. Por lo que se hace un llamado al gobierno nacional, para que el cumplimiento de dichos instrumentos legales, se abran mesas de diálogo con las organizaciones nacionales de pueblos indígenas, para analizar los impactos de proyectos de interés estratégico como en el llamado Arco Minero, cuya aplicación podría afectar de forma directa a los pueblos indígenas, a su forma de vida y a sus territorios; y buscar alternativas viables; así mismo es importante avanzar con la demarcación y titulación de tierras indígenas que con su visión holística, aportarán en la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. Es importante que el gobierno comprenda la importancia de los territorios para los pueblos indígenas, que lleva a la lucha por la misma y se de cumplimiento al Plan de la Patria que en su contenido hace referencia a la protección del bosque para la salvación del planeta y la humanidad.
En Brasil, la COIAB denuncia que (1) no se ha terminado con la legalización de los territorios indígenas, y se denuncia también la política gubernamental Marco Temporal que coarta las iniciativas de legalización de tierras indígenas, (2) se atraviesa por una situación preocupante en los territorios, por las constantes amenazas por los garimpeiros, expansión de la frontera ganadera y agropecuaria, y explotación maderera, que atenta contra los pueblos y su forma de vida. (3) Se denuncia las acciones legislativas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, como son las leyes PEC215, PLP 227, PEC 419y PL 1610/96. (4) Además se denuncia que se han incrementado los proyectos de infraestructura sin consulta, así como la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y monocultivos. (5) Se ha cortado el presupuesto, se ha desestructurado la FUNAI (Fundación Nacional del Indio). (6) La amenaza constante y persecución al movimiento indígenas, líderes y lideresas. (7) Tentativa de gobierna nacional y de los estados federales, por invalidar la Convención 169 de la OIT como en el caso de Roraima. (8) El gobierno debe atender también, en coordinación con Venezuela, la situación social del pueblo Warao por la crisis en Venezuela.
En Guyana Francesa, la lucha por la titulación de los territorios indígenas ha sido un proceso frente a las autoridades del gobierno francés, que de forma progresiva ha titularizado tierra indígena tradicional, dicho proceso debe continuar para asegurar los derechos territoriales y su gestión holística impulsada por la COICA. Por otro lado, la minería es una amenaza a los territorios, con el mega proyecto planificado, los impactos por uso de explosivos y de cianuro traerían graves afectaciones a la vida de los pueblos indígenas y a los recursos naturales, por lo que se insta al gobierno a analizar conjuntamente con FOAG los impactos, y aplicar la consulta y la participación, además se exige una moratoria sobre la minería. Se pide el cumplimiento del Acuerdo de Cayanne, específicamente el punto con la posición de la ratificación de la Convenio 169 de OIT.
En Surinam, se ha seguido un proceso para el reconocimiento nacional de los pueblos indígenas, sin embargo, queda un camino por seguir para que se aplique la consulta y participación de los pueblos indígenas, que lleven al pleno reconocimiento de sus derechos, en casos como la minería que es una actividad de presión sobre los territorios.
OIS denuncia que, en el noreste de Surinam, el gobierno está haciendo una exploración minera y se están contaminando los ríos con mercurio.
En cuanto al derecho de la tierra, se ha conformado una comisión, en la que los pueblos indígenas deben participar. Además, se han detenido los procesos de concesión de tierras indígenas por la Comisión de asuntos de tierras.
En Guyana, la APA declara que las concesiones forestales y mineras que el gobierno ha concedido en o cerca de tierras indígenas constituyen una amenaza para los territorios indígenas y el medio ambiente. Esto ha llevado a la violación de los derechos territoriales y de otro tipo debido a la inadecuada, o en algunos casos, la falta de participación en las decisiones que afectan a los pueblos y sus territorios. Por lo tanto, se insta al gobierno nacional a entablar un diálogo constructivo para comprender plenamente la importancia de las tierras y los territorios para los pueblos indígenas de Guyana.
En Guyana, Surinam y Francia, se presenta el agravante de que en estos tres países no se ha ratificado aún el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa libre e informada a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, es importante que estos tres países lo ratifiquen.
Por lo tanto, la COICA y sus organizaciones indígenas amazónicas miembros, en uso de sus competencias y atribuciones, emiten las siguientes
Resoluciones:
Demandar a los respectivos gobiernos nacionales de la cuenca amazónica, la coherencia en sus políticas de desarrollo, respetando los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tomando en cuenta que la Amazonía y su diversidad biológica y cultural son estratégicas a nivel global para enfrentar el cambio climático.
Demandar de manera firme y consistente, a los gobiernos nacionales que se respete el cumplimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado, y el derecho a la participación en todas las decisiones, políticas y leyes que les afecte de manera directa o indirecta.
Denunciar a la opinión pública la persecución y criminalización de las y los defensores de los derechos indígenas; y demandar a los estados el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la erradicación total de la criminalización de la protesta social por parte de líderes y lideresas de las organizaciones indígenas, que luchan por la defensa de sus derechos y sus territorios; y llamar a articular una amplia red de defensa de defensores de la Vida Amazónica
Exigir a los estados nacionales y capitales extranjeros la indemnización, derechos de servidumbre, compensación y remediación por las afectaciones y los impactos socio ambientales que han sufrido los territorios indígenas, por causa de la explotación minera, de hidrocarburos, infraestructura, megaproyectos y otros.
Exigir a los gobiernos nacionales el respeto por la vida y la intangibilidad de los más de 66 pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca amazónica; con políticas de protección efectivas y el establecimiento de corredores binacionales y trinacionales, según corresponda para la defensa efectiva de su sobrevivencia
Demandan que los gobiernos nacionales de forma coordinada con los pueblos indígenas a través de sus respectivas organizaciones nacionales amazónicas, inicien y/o retomen la delimitación y legalización de más de 100 millones de hectáreas, en los 9 países de la cuenca amazónica. Los territorios en poder de los pueblos indígenas constituyen un freno a la deforestación y con ello se garantizar una enorme contribución a la lucha global contra el cambio climático.
Impulsar la organización de las plataformas nacionales indígenas de cambio climático, en aplicación del párrafo 135 del Acuerdo de París, y que estén basadas en las organizaciones territoriales y representativas de los pueblos indígenas.
Solicitar el apoyo de (1) los gobiernos nacionales de los 9 países de la cuenca amazónica, (2) las organizaciones nacionales e internacionales, (3) la opinión pública; a las iniciativas que lleva adelante la COICA y sus 9 miembros, como el Corredor Andes-Amazonas-Atlántico, el Programa de Defensa de Defensores, Programa de titulación de tierras indígenas amazónicas, Redd+ Indígena Amazónico; y a nivel nacional iniciativas como Cuencas Sagradas del Ecuador y Perú enfocados en la conservación de los territorios, defensa de los derechos, titulación de tierras indígenas, alternativas económicas y valoración de los servicios ecosistémicos; que incluye el enfoque de género e intergeneracional (mujeres, jóvenes y ancianos sabios).
Convocar a las organizaciones indígenas aliadas de COICA, a los gobiernos nacionales amazónicos, agencias y programas de Naciones Unidas, organizaciones multilaterales, entidades académicas, entre otros, a participar en la IV Cumbre Amazónica, II Congreso de Mujeres y Congreso de COICA que se realizará del 18 al 22 de Junio del 2018, en Macapá – Brasil, donde se articularán alianzas y estrategias para avanzar en la deuda histórica de titulación de al menos 100 millones de hectáreas pendientes, defensa de los defensores amazónicos, la participación efectiva de las mujeres amazónicas, desarrollar economías comunitarias de Vida Plena que avancen en el cambio del modelo extractivista y desarrollista; así como también impulsar la aplicación efectiva del Acuerdo de París, en especial las alternativas indígenas para cumplir con las metas de reducción de emisiones de los NDC nacionales.
Para constancia de lo resuelto, en la ciudad de Quito, a 19 de marzo de 2018, firman:
Consejo de Coordinación de la COICA