Desde hace varios años, los líderes indígenas de las comunidades del pueblo Tsimane de Bolivia soportan todo tipo de maltratos por defender sus territorios. Uno de los casos es el de Rosendo Merena, dirigente tsimane’ del Sector Yacuma, Beni.
Por Agencia de Noticias Fides-ANF
Rosendo cuenta que hace 22 años que viene soportando humillaciones, golpes y hasta amenazas por defender su comunidad. Revela que el 2018, sufrió golpizas porque le acusaron de instigar a los indígenas que pedían el respeto a sus tierras. Pese a esa situación del maltrato, el dirigente afirma que no dejarán de luchar por su tierra.
“Como soy presidente de la organización me están amenazando totalmente, el 2018 me han golpeado, diciéndome que yo soy como la cabeza (…). Golpeado, pero seguimos defendiendo”, afirma.
Merena afirma que no tienen un apoyo desde el Gobierno que brinde todas las garantías a las comunidades indígenas. Lamenta que muchos no accedan a capacitaciones para conocer sus derechos y tienen que sobrevivir con lo que tienen en la selva, que cada vez está siendo amenazada por interculturales, ganaderos que los despojan de sus tierras y recursos naturales.
Esa situación no sólo produce una reducción en la extensión de su territorio, sino que los obliga a abandonar sus tierras en “conflicto” y buscar otras tierras donde vivir en paz, con la garantía de supervivencia de acuerdo a sus formas de vida tradicionales.
“Siempre estamos luchando de lo que vivimos (sus tierras), no estamos viviendo tranquilos, seguimos trabajando hasta hoy. Nuestros hermanos tsimanes no tenemos ninguna capacitación (…), sobrevivimos. Siempre estamos dispuestos a seguir adelante, siempre buscamos la manera) de sobrevivir y proteger nuestro territorio”, indica
Una de las grandes preocupaciones del sector Yacuma es que carecen de reconocimiento de derechos sobre las tierras que ocupan desde tiempos precoloniales. Merena revela que esa demanda se hizo conocer al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero no tienen respuesta.
Otra situación que les preocupa y que denunciaron es sobre la deforestación de los bosques. Pese a que hicieron conocer a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra no hay una respuesta.
“Me da pena porque no hay respuesta del INRA, ya se va finalizar el año, nunca sale la respuesta del INRA ni su informe y tampoco hay resultado de la ABT, la empresa maderera está destruyendo nuestros bosques”, indica.
El pasado 7 de octubre el pueblo indígena Tsimane’ presentó, junto a organizaciones de la sociedad civil, el Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que denuncia que es víctima del olvido y la discriminación del Gobierno nacional.
Esa investigación reveló que el Territorio Indígena Multiétnico sufre presiones y amenazas territoriales que se presentan por varios frentes; primero hay dueños de estancias colindantes a las comunidades Tsimane’, que en muchos casos extienden ilegalmente sus actividades agrícolas o ganaderas a áreas tituladas de la TCO. También empresas madereras con concesiones forestales caducadas, pero que continúan el aprovechamiento de madera y presionan a la subcentral del Territorio Indígena Multiétnico TIM, para “legalizar” el aprovechamiento de madera.
En el documento se confirma que el INRA realizó el “saneamiento de la propiedad agraria” en el sector Yacuma y reconoció derechos propietarios a todos quienes demostraron una posesión o tenencia legal de la tierra, el 2010 se declaró parte de estas tierras como fiscales.
Estas comunidades tsimane’, dueños históricos de este territorio, no fueron tomadas en cuenta por el INRA. Aunque fueron identificadas, no fueron consideradas comunidades, ni sujetos de derechos, aparentemente porque la cantidad de familias que las componen son muy reducidas, por la falta de documentos de identidad y porque los trabajos agrícolas que tenían eran pequeños y en lugar de reconocer la propiedad de sus tierras y territorios comunales, como establece la Constitución Política del Estado y la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (ley 1715), declaró estas tierras como fiscales, propiedad y dominio estatal, para después entregarlas en dotación a otros sectores sociales, en una clara muestra de discriminación étnica y racial. A algunas comunidades que fueron desplazadas, el INRA, les prometió reubicar a esas familias en otras tierras. Compromiso que nunca fue cumplido.