Por Ismael Vega Díaz*
Los problemas de fondo que explican la situación de los pueblos indígenas siguen siendo los mismos hoy como hace nueve, veinte o cincuenta años. Los pueblos indígenas aún no tienen seguridad sobre sus territorios y esto afecta el derecho más importante que tienen, que es, precisamente, el derecho al territorio. El Estado ha buscado imponer en ellos un modelo de desarrollo que prioriza la inversión privada y los intereses económicos. Más allá de los gobiernos de turno, los derechos de los pueblos indígenas siempre han estado en segundo plano, lo mismo que los estándares ambientales. Esto se refleja claramente en lo legal y normativo; se cuenta con una Ley de Consulta Previa, pero a la vez se cuenta también con la aprobación de leyes, decretos y resoluciones que van en contra de dicha ley y desconocen la propiedad de los indígenas sobre sus territorios.
Los últimos “paquetes ambientales” auspiciados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, expresados en leyes como la N° 30230 y N°30327, hasta la que actualmente se viene impulsando, la ley N°1718 que busca sustituir al Decreto Legislativo 1333 conocido como la ‘ley del despojo’, todas tienen como prioridad exclusiva flexibilizar los requisitos y condiciones para que los inversionistas privados accedan más fácilmente a los territorios de los pueblos indígenas para iniciar proyectos extractivos, megaproyectos de infraestructura y monocultivos.
El Estado ha demostrado una y otra vez que no es capaz de solucionar el problema de la titulación y reconocimiento de las tierras y territorios habitados desde tiempos ancestrales por los pueblos indígenas, quienes son sus dueños. Además de aprobar leyes que atentan contra sus derechos más importantes, se sigue postergando la solución a la titulación de aproximadamente 3000 comunidades de la Amazonía y los Andes. Esto demuestra que la situación de los pueblos indígenas y sus derechos no ha mejorado, y como dijo el Papa Francisco en su discurso en Puerto Maldonado, los pueblos indígenas amazónicos y andinos se encuentran hoy más amenazados que antes.
Ante ello, los pueblos indígenas no solo siguen resistiendo y luchando para exigir el respeto de sus derechos. Ellos también vienen llevando a cabo diversos procesos organizativos para la defensa de sus territorios que buscan afirmar y consolidar su propuesta de Vida Plena y Buen Vivir. La construcción de territorios integrales o ancestrales de varios pueblos indígenas amazónicos, la creación de Gobiernos Territoriales Autónomos, la articulación de varias comunidades para asegurar su continuidad como pueblos, constituyen algunas de las estrategias que haciendo uso de su derecho a la libre determinación, reconocido en leyes internacionales suscritas por el Estado peruano, buscan el respeto y cumplimiento de sus derechos.
Aún estamos muy lejos de ser un país donde se respete y aplique la interculturalidad, porque lo intercultural no se construye ni mucho menos se resuelve con leyes, decretos o algunos documentos traducidos a un idioma indígena, sino con un auténtico diálogo intercultural que debe basarse en el reconocimiento de los/as otros/as, en este caso de los pueblos indígenas, como sujetos plenos de derechos y además con derechos especiales. En este sentido, el Estado aún no renuncia a su afán integracionista y homogenizador, aún no se incluye a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan, por ejemplo, sus territorios. La interculturalidad aún sigue siendo una aspiración, comprendida y compartida por una minoría en el país. Actualmente, la interculturalidad es más una formalidad para el Estado, un “check” en la lista de las autoridades y una palabra aún extraña para la mayoría de la sociedad nacional.
*Ismael Vega Díaz es antropólogo y director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).