Por Mons. Alfredo Vizcarra Mori, S.J.*
Hace tres años me referí a algunas insuficiencias que adolecía el proceso de la “Curva del Diablo”, teniendo en cuenta que se trata de hacer justicia, es decir, abordar esta dolorosa situación con equidad y respeto de los derechos de los ciudadanos. Y esto en atención 1) a las víctimas de este horrendo enfrentamiento: los que allí murieron, o los que quedaron con heridas irremediables y sus familiares, quienes perdieron esposo, hijos o hermanos, todos peruanos/as; 2) en consideración a un proceso en el que los inculpados son nativos que, durante todo el desarrollo del conflicto actuaron movidos por sus categorías culturales propias, incluso en el momento del desenlace violento del mismo.
Hoy quisiera seguir insistiendo sobre esto mismo, porque considero que habremos abordado con la altura y dignidad que requiere este drama de nuestra nación, si evitamos que el estrépito del reclamo de sanción a los inculpados nos aleje de la mirada más amplia; aquella que sí rendiría justicia a todos (al Perú). Es que este no es un delito común. Estamos ante un conflicto social que se saldó con la muerte de 33 personas y 200 heridos. Si nos limitamos a condenar a unos inculpados, de quienes ni siquiera se tiene indicios suficientes de su responsabilidad, nos habremos omitido de tomar las decisiones indispensables para evitar que esto vuelva a suceder. Recordemos que la Defensora del Pueblo de entonces afirmó que “estás muertes reclaman el compromiso de jamás repetir un episodio similar”. ¿Estaremos, con todos estos juicios, transitando la senda correcta?
Si solo optamos por los juicios, cualquiera sea el resultado de ellos, nos quedaremos insatisfechos. Es que, por un lado, no se puede reparar lo irreparable, y por otro lado, no habremos dado los pasos necesarios que nos saquen de las causas que nos condujeron a tal desastre.
Por eso, es preciso recordar aquí que lo que estuvo en el origen de esos sucesos fue la intransigencia del gobierno ante la demanda de la derogatoria de un centenar de decretos, presentada por los pueblos indígenas de la Amazonía porque ellos consideraron que afectaban a sus derechos (de consulta previa) y que su aplicación afectaría sus territorios y la vida en sus comunidades. Los obispos de la Amazonía, unos días antes, hicieron la siguiente invocación: “Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformado por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.” (Mayo 2009, Pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos Amazónicos).
La actitud de los gobiernos sucesivos hasta la actualidad no parece corresponder a un proceso de cambio de política respecto de la Amazonía. Por el contrario, desde el 2013 al 2015 el gobierno ha dado una serie de normas que tienden a debilitar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y favorecer la inversión de las empresas extractivas; en los últimos años, los daños sobre la población y el medio ambiente provocados por derrames en algunos ríos de la Amazonía han sido poco atendidos por el gobierno. En síntesis, la imagen que transmite el Estado no es la de quien se preocupa por la conservación de la Amazonía, ni por el cuidado de la integridad cultural, educativa y sanitaria de los pueblos indígenas, menos aún de quien los considera como sus primeros interlocutores en la elaboración de una política de desarrollo que no arrase con la Amazonía.
El Papa en su visita nos marcó la pauta de la actitud que tendríamos que adoptar en la relación con la Amazonía: “Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir… Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes… Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias.”
Este año se ha iniciado el juicio de la estación 6. Ya se han tenido cuatro audiencias y nuevamente nos encontramos con las mismas falencias en el proceso: hay procesados que no pudieron estar en el lugar de los hechos, porque en ese mismo momento estaban en la Curva del Diablo; los costos de desplazamiento y alojamiento para asistir son inalcanzables para los inculpados; las mismas resistencias para ofrecer traducción, siendo esto un derecho. En otras palabras, no se visibiliza cambio de actitud hacia los nativos. ¿Será reflejo de la actitud del Estado respecto de la cuestión Amazónica?
Queremos creer que no, y que las palabras del Papa, han calado hondo en nuestro país, especialmente en nuestras autoridades, de tal manera que estemos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para que todos podamos ver al Perú como un lugar de esperanza.
*Mons. Alfredo Vizcarra Mori es obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, presidente de la Asamblea del CAAAP y coordinador de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en Perú.