Los casos de violencia más fuertes por el narcotráfico ocurrieron en las comunidades San Fermín y Cocos Lanza, donde existen cultivos de coca, incluso se halló pozas de maceración.
Por ANF
Las plantaciones de coca ilegal, que responden a las demandas del narcotráfico, en siete años duplicaron superficies de cultivo en las Áreas Protegidas y trajeron mayor presencia de instalaciones de fábricas y laboratorios de cristalización de droga. A esta actividad ilícita se suma el aumento de la minería ilegal, con la contaminación de suelos y ríos, el tráfico de vida silvestre, deforestación, avasallamiento de comunidades indígenas y el consecuente aumento de la violencia.
La presencia del Estado es mínima con los guardaparques -uno para 619 km2- y mucho menos con efectivos antidroga que carecen de una base en estos lugares y también de la confianza de los pobladores debido a que las denuncias que hacían conocer a los policías se filtraban a los narcotraficantes.
“Es bastante preocupante este asunto del narcotráfico que cada vez es más evidente y que está penetrando las Áreas Protegidas de carácter nacional, sabiendo que muchas de estas áreas están sobrepuestas a territorios indígenas, sobre todo en el Norte del departamento de La Paz, en el Parque Nacional Madidi”, dijo a ANF Alex Villca, secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni Tuichi y Quiquibey.
En abril, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer que 72 operativos contra el narcotráfico se desarrollaron entre las gestiones 2021 y 2022 en áreas protegidas del país con la destrucción de 57 fábricas de cocaína y 15 laboratorios de cristalización.
La fuerza antinarcóticos intervino desde Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) hasta riberas o inmediaciones de ríos en comunidades como Monte Sinaí, Santa Elena, Galilea y La Misión, río Isiboro y Chapare en la provincia Chapare (Cochabamba); el Parque Noel Kempff Mercado en Santa Cruz; la Reserva Silvestre Cabo Juan en Tarija; y, río Isiboro en Beni.
Del Castillo reveló además que los parques nacionales son utilizados por los narcotraficantes para instalar laboratorios de refinación de cocaína, y que el Gobierno logró identificar al menos 300 pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas.
Villca indicó que en otros países este tipo de actividades ha ido violentando los derechos de los pueblos indígenas, causando mucha zozobra e incluso desplazamientos por el temor que infunden y la violencia que causan, con el propósito de favorecer a grandes intereses económicos y políticos, por lo que las comunidades indígenas en Bolivia están alertas ante el avance del narcotráfico y demás operaciones ilícitas.
Sobre la contaminación de suelos y ríos, Villca indicó que muchos indígenas, sobre todo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), vienen advirtiendo sobre daños irreversibles en sus medios de vida. Señaló que la contaminación de los ríos ha causado mortandad de peces, sobre todo cuando ocurren las inundaciones y las crecidas; y por las crecidas, agregó, estos ríos empiezan a llegar hasta las áreas de plantaciones de sembradíos.
“Es el caso por ejemplo del cacao nativo que se ha visto duramente impactado porque ya no producen la misma cantidad, muchos de ellos se han ido secando”, dijo. Aunque aclaró que no podrían aseverar que sea precisamente por el derrame de los precursores del narcotráfico que ocurra esto, aunque sí “por estas actividades ilícitas”.
“Tenemos actividades como el narcotráfico contaminando nuestros ríos, pero también tenemos actividades de minería ilegal que contaminan nuestros ríos con metales pesados”, apuntó.
El activista refirió que sería importante que el Estado, a través de sus entidades competentes, pueda hacer un seguimiento mucho más minucioso sobre lo que está ocurriendo en las áreas protegidas y pueblos indígenas, respecto al avance del narcotráfico, pero teme que debido a que “las instancias gubernamentales de alguna manera están ligadas a estos grupos ilícitos”, como los cooperativistas mineros y productores de coca ilegales, sea “muy difícil tener información relevante, contundente y creíble desde las esferas gubernamentales”.
Un exguardaparques que pidió la reserva de su nombre, por seguridad, dijo a ANF que hay un “crecimiento bastante preocupante” del narcotráfico en áreas protegidas, en particular en el Madidi, enfocada en la frontera con el Perú. Agregó que existen comunidades enteras que han sido cooptadas por los narcotraficantes, ante la ausencia del Estado, mediante amenazas y por la falta de oportunidades acceden a trabajar con ellos.
“El narcotráfico se ha sofisticado en esta zona del Madidi, incluso utilizando avionetas, pistas clandestinas, incluso cerca a San José de Uchupiamonas, donde operaba temporalmente una pista, ubicado en el sector de Pueblo Viejo, los mismos comunarios reportaban avionetas sobrevolando a baja altura”, indicó.
Todos estos sobrevuelos pasan entre la frontera con Perú, en San Fermín, hasta el sector de Ixiamas, hasta el Alto Madidi, pero “no hay control, la gente se ha cansado de denunciar, de pedir apoyo, y la misma policía ahí no tiene un cuartel o un lugar donde pueda hacer un control cercano”.
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), dijo el exguardaparques, hacen operativos de vez en cuando en la zona, pero “ya nadie confía en ellos, tienen miedo acercarse, incluso los guardaparques, porque toda la información que les dábamos se filtraba y a los pocos días los narcotraficantes sabían de la información y eran amenazados la gente del lugar y los guardaparques”.
Los casos de violencia más fuertes por el narcotráfico ocurrieron en las comunidades San Fermín y Cocos Lanza, donde existen cultivos de coca, incluso se halló pozas de maceración. El lugar se convirtió en una ruta para el tráfico de droga, que llegó incluso a afectar a comunidades indígenas como San José de Uchupiamonas, donde se produjeron enfrentamientos entre narcotraficantes.
“Eran rutas donde no existía ningún control y gran parte de la comunidad (San Fermín y Cocos Lanza) se ha vuelto parte de esa actividad ilícita, desde los propios cultivos hasta el tráfico del producto, ellos llevaban a lomo hacia Ixiamas, entonces si viene afectando el narcotráfico de manera fuerte porque a la comunidad no le queda otra que ser parte de ese tipo de negocios ilícitos”, refirió.
Villca indicó que es evidente que en la última década, sobre todo en las áreas protegidas, las actividades ilícitas han ido ganando espacios por la desinstitucionalización de estas zonas que ha habido por parte del Gobierno con el propósito de dar cabida al modelo económico extractivista con actividades como la minera, petrolera, deforestación, nuevos asentamientos, al que se suman el narcotráfico y la trata y tráfico de vida silvestre.
Dijo, además, pese a que no hay datos evidentes, que hay una alta preocupación sobre los pueblos indígenas que al estar merodeados por intereses oscuros, es muy probable que algunas familias estén cediendo a los intereses de estas actividades ilícitas.
“Hay esa preocupación en muchos de nuestros territorios de que de alguna manera se están camuflando con la gente de los territorios y logrando tener como ciertas ventajas para entrar y estar en estos espacios, entonces esa también es una tarea que nos corresponderá a los pueblos y a las comunidades, hacer una investigación muy minuciosa porque estamos hablando de actividades ilícitas que son muy peligrosas”, refirió.
Villca lamentó la “inacción total del Estado” en varias regiones del país que están empezando a tornarse muy peligrosas. Dijo que no solo se trata del trópico cochabambino o la zona del Polígono 7, sino “vemos que ya hay otras regiones en nuestro país que están empezando a tener ese control y ese dominio de estos intereses oscuros”.
En Bolivia hay 22 parques nacionales con una extensión de 182.716, 99 kilómetros cuadrados y seis están principalmente afectados por la producción de coca ilegal y la instalación de laboratorios de procesamiento y refinación de droga, que son operados principalmente por mafias extranjeras.
Hallazgos recientes
El 10 de julio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre el hallazgo en el Parque Nacional Carrasco, Cochabamba, de un laboratorio con capacidad de producción de 1.200 litros de cocaína líquida.
En junio, la FELCN en un operativo denominado “Yomomal” intervino un laboratorio de cristalización de cocaína ubicado en el Parque Nacional Isiboro Sécure y secuestró más de 861 kilos de sustancias controladas.
En mayo, la FELCN detectó la existencia de dos mega laboratorios de cristalización de cocaína al interior del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Santa Cruz.
A finales de febrero, las fuerzas antinarcótico de Bolivia y Brasil encontraron un laboratorio en el parque Noel Kempff Mercado con capacidad de producción semanal de dos toneladas de cocaína.
Fuente: Agencia de Noticias Fides – ANF