En la puerta de entrada, en un trozo de plastoformo, se ve lo que queda de un escudo. Se puede observar la mitad superior de una corona, es la insignia del Real Madrid. En casa de los Guari, uno de los nietos menores es fanático del fútbol y de ese equipo en particular.
Por Gabriel Díez
Ellos viven en la comunidad Miraflores del municipio pandino de Puerto Gonzalo Moreno, un asentamiento humano en la selva amazónica de Bolivia cuyos bosques lindan con el río Madre de Dios. La tarde es soleada y tranquila; los miembros de esta familia conversan fuera del hogar mientras observan a la mamá, también abuela, dispersar granos de cacao con un rastrillo metálico en el suelo de cemento. De pronto, por el rojizo camino aparece un hombre joven montado en una moto. Frena el vehículo y da una voz de alerta: “¡ya están barranqueando!”.
Durante el primer semestre de 2023, los Guari y otros comunarios notaron que sus predios contiguos al Madre de Dios comenzaron a desbarrancarse con más frecuencia en relación a cuando sucede debido a la fuerza del caudal y la erosión natural. Afirman que, con el movimiento subacuático activado desde las balsas para la extracción de oro, las orillas se debilitan, lo cual provoca la caída de grandes porciones de tierra al agua, con árboles frutales incluidos. Como respuesta, habitantes de lugares como Miraflores deben estar siempre alertas ante los ”barranqueros”, como llaman a los trabajadores de las balsas mineras que se acercan demasiado a las orillas o barrancos de las comunidades.
Casi de inmediato, tras el anuncio del vecino motociclista, José Antonio Guari Castro se levanta de su silla, agarra el machete y emprende camino hacia el lecho del río. Mientras se interna en la espesura arbórea, este ingeniero forestal de 38 años señala ejemplares de cacao, copoazú y achachairú. Una parte importante de la economía de las familias de este lugar se basa en la producción y comercialización de fruta y también de madera. Como muestra, según un cálculo que hicieron cuatro familias de Miraflores, sumando sus parcelas y productos, tienen un patrimonio de 5,3 millones de bolivianos, distribuido entre plantas, maderas y árboles frutales, en riesgo por los desbarrancamientos.
Wuilfredo Guari Cartagena (75), tío de José Antonio, aparece de repente durante una de sus excursiones rutinarias por el bosque de Miraflores. Hace una pausa en su andar y atiende un par de preguntas y responde. “Es algo que nos cuesta. Nosotros estamos en riesgo de perder (nuestras parcelas) porque ellos (los mineros de balsas) siguen trabajando”. Los sistemas agroforestales de Wuilfredo y otras familias, que ahora están en peligro de desabarrancarse, fueron sembrados a principios de siglo, en 2001. “No tenemos apoyo ni protección”, lamenta.
A sus 70 años, Roberto Cartagena, quien tiene 10 hectáreas de plantaciones de cacao y otros cultivos también en Miraflores, recuerda que desde que tuvo uso de razón hubo movimiento por la minería en este sector. “En años anteriores no teníamos mucha participación de las balsas y ahora tenemos cualquier cantidad (…). La mayoría de los balseros son ilegales, rara es la balsa que tiene su certificación y su permiso, los demás son ilegales”.
Es por esas razones que una tarde de mayo de 2023 José Antonio decidió poner un alto. Vestido con un short verde ocre, una polera ploma oscura y una gorra negra con la imagen encuadrada de un venado, recuerda, mientras observa una flota de cuatro balsas a lo lejos, cómo en aquella ocasión acudió, con su hermana, a la misma orilla en la que está ahora, ante el mismo llamado de “¡ya están barranqueando!” y con el mismo machete que sostiene hoy.
“Los pillamos aquí trabajando y les cortamos la soga. Les dijimos que se vayan de aquí, que no podían trabajar barranqueando. Y salieron más bravos que nosotros, nos dijeron que tenían derecho a trabajar. Les dijimos que no es justo que lo que tantos años nos costó trabajar ellos lo desperdicien en uno o dos años, porque en ese tiempo se va a desbarrancar”, rememora.
46 kilómetros río abajo desde Miraflores está Agua Dulce. En esta comunidad, también del municipio Puerto Gonzalo Moreno, viven 75 familias y 500 personas aproximadamente. Pasear por sus caminos de tierra es como estar en la sección frutas del mercado, con la diferencia de que en vez de canastos contenedores hay frondosos árboles cuyas ramas y hojas protegen los productos y con la similitud de aromas dulzones perfumando el ambiente. A cada paso dado se puede ver ejemplares cargados de copoazú, coco, tamarindo, limón, toronja, melón, naranja, mandarina, cacao, achachairú y almendra. Pero el fuerte de producción de Agua Dulce es otro. “De todo el municipio es la comunidad que más produce plátano, tenemos unas 50 hectáreas”, dice Eddy Vargas (29), presidente comunal.
Como en Miraflores, en esta comunidad viven pendientes de que los balseros no produzcan desbarrancamientos de sus parcelas por trabajar demasiado cerca de las orillas, algo que ya sucedió en meses pasados originando pérdida de platanales que se fueron al agua.
“Los chacos antes eran adentro, a 100 – 200 metros del río, ahora están sobre la orillera por el tema de estos derrumbes (que provocan) las balsas. La producción de plátano se da en el bajío y la mayoría (de los comunarios) casi es que se está afectando, estamos hablando de unas 15 a 20 familias”, cuenta Vargas.
El padre de Eddy, Freddy Vargas Rolín (59), vive en Agua Dulce desde 1992. Llegó a esta comunidad luego de haber abandonado su natal San Borja a los ocho años y haber vivido su adolescencia y juventud en Rurrenabaque y Riberalta. Conoce de cerca la problemática del oro, pues estuvo inmerso en la minería de buceo en el río Madre de Dios en la década de los años 80 del siglo pasado. Pero cuando comenzaron a aparecer las balsas a mediados de los años 90 decidió no continuar con esa vida, más que todo por sus responsabilidades familiares. Hoy en día, el pensamiento asentado en Agua Dulce, en la voz de su hijo Eddy, es que la minería no deja nada bueno y que, más bien, es destructora.
Por ello, en septiembre de 2022 decidieron en Asamblea Grande no permitir que los balseros se acerquen a menos de 50 metros de las riberas. “Vemos una balsa que se apega y yo, como presidente (de la comunidad), voy a decirles a ellos que está prohibido y que se alejen del barranco”, comenta Eddy sentado a la sombra de un naranjal en el patio-bosque de su casa.
Cifras inciertas e ilegalidad
No hay un número exacto de los balseros que buscan oro en el río Madre de Dios ni de la cantidad de balsas que emplean para ese propósito. Por un lado, la ejecutiva de la Cooperativa Minera Aurífera Madre de Dios “ASOBAL Pando”, Elizabeth Coronado Prudencio, afirma que tienen alrededor de 450 asociados activos y que su trabajo es legal. Por otro, don Wuilfredo Guari afirma que por cada socio de Asobal hay más de una balsa. “Existe una irregularidad dentro de ese trabajo de la minería. Porque el dueño en Riberalta a los mismos trabajadores los hace palo blanco. Ellos cuentan con cinco, seis y hasta ocho balsas. Y a sus mismos trabajadores los nombran; cuando viene una comisión (del Gobierno) dicen ‘ellos son los dueños, yo solo tengo una o dos (balsas)’, de esa forma ellos trabajan”.
Un trabajador balsero en actividad apuntala el testimonio de Guari y afirma que hay más balsas de las que se cree. “En todo el río Madre de Dios donde usted mire hay balsas, más de mil debe haber. Solo donde yo estaba trabajando en Loma Alta había casi 50 balsas”, dice Juan Carlos Melgar (50), con experiencia en este rubro, al igual que Freddy Vargas, desde mediados de los 80 como buzo. En otro cálculo, el presidente de Agua Dulce afirma que desde su comunidad hasta Miraflores hay regularmente entre 200 a 300 balsas. “Hay hartísimas en este trecho”.
Entre 2021 y 2022, un equipo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) hizo trabajo de campo en seis comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), cinco de ellas en las riberas del río Madre de Dios, y se identificó que la mayoría de las embarcaciones con las que se busca oro estaban fuera de las dos concesiones, llamadas Autorización Transitoria Especial (ATE), de ese trecho.
“En 2021, en el tramo Sinaí-Miraflores del TIM II, se identificaron 186 balsas. Hay solo dos ATE en el tramo del TIM II, Genechiquia y Miraflores, y solamente 16 a 18 de esas 186 balsas estaban dentro de las dos concesiones. El resto, más de 160, estaban por fuera de las autorizaciones; o sea, estamos hablando de minería ilegal. En 2022 nos hemos llevado la sorpresa de que ya había 250 balsas. Entonces, el incremento ha sido básicamente en áreas ilegales no autorizadas”, explica la coordinadora de la oficina regional Cejis Riberalta, Mónica Lijerón.
Sobre esta situación, la encargada de Medioambiente del municipio de Puerto Gonzalo Moreno, Pamela Rivero, afirma que en muchos casos las balsas autorizadas de Asobal son las que “barranquean” con la afectación potencial y de hecho a los cultivos de las comunidades.
“Asobal tiene 28 balsas legalmente establecidas, pero existe mucha más actividad en la Isla de Miraflores (nombre de la concesión correspondiente a Puerto Gonzalo Moreno). “No hay un control y es eso lo que genera la molestia en las comunidades”, añade Rivero.
Desde hace más de una década, la existencia de balsas y de dragas, barcazas más grandes, de bolivianos, brasileños, chinos, colombianos y peruanos en los ríos Kaka, Beni, Suches, Orthon, Manuripi y Madre de Dios, entre otros, se ha normalizado. Las denuncias de minería ilegal son cada vez más frecuentes y, contrariamente, las noticias e informaciones sobre operativos de control son escasas.
En junio de 2010, el Gobierno identificó 230 barcazas operando de forma clandestina en toda la extensión del Madre de Dios. En junio y diciembre de 2019, miembros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificaron “actividades de explotación minera ilegal” en el mismo río; como resultado del operativo de junio de ese año, se formalizó una denuncia penal por el delito de “explotación ilegal de recursos minerales” en contra de 29 personas.
Recientemente, el 14 de julio de 2023, se realizó un operativo conjunto entre el Ministerio de Gobierno, la AJAM y la Armada Boliviana contra la minería ilegal en el Madre de Dios. Como resultado, 19 personas quedaron con detención preventiva en la cárcel de Villa Busch de Cobija, Pando y 38 con detención domiciliaria. Además, se destruyó 27 balsas y se secuestró armas de fuego, municiones, mercurio y material para el lavado de oro, según medios estatales.
A propósito, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) se advierte que en los ríos amazónicos de Bolivia el predominio de las cooperativas mineras auríferas se da en un contexto entre legal e ilegal. Esa situación “deja más dudas e interrogantes que satisfacciones” al tener información económica, social y ambiental bastante limitada respecto a sus operaciones, según el boletín Plataforma Energética N° 34 del Cedla.
Para la elaboración de este reportaje se solicitó a la AJAM, mediante carta ingresada el 13 de junio de 2023, información estadística actualizada y mapeada del número de concesiones, ATE y de balsas para minería de oro en el río Madre de Dios. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Seis comunidades indígenas afectadas por el mercurio
El desbarrancamiento de parcelas productivas es solo una de las consecuencias de la minería del oro en el Madre de Dios. El uso de mercurio para la amalgamación (separación y extracción) de ese metal y su posterior desecho en el río —que ya llega contaminado desde Perú— es otra causa de problemas para el medioambiente y la población de las distintas riberas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “tras la inhalación o ingestión de distintos compuestos de mercurio o tras la exposición cutánea a ellos se pueden observar trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras”.
En un estudio elaborado por el Cejis en 2022 y publicado en julio de 2023, se identificó que en las comunidades Loreto, Genechiquia, Palestina, Trinidadcito, Exaltación y Miraflores, todas pertenecientes al TIM II, hay personas con niveles de hasta 3.4 partes por millón (ppm) de mercurio en muestras de cabello, siendo el límite no dañino, establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de 1 ppm.
“Estos resultados nos han mostrado que hay un exceso”, lamenta Lijerón, quien acompañó la investigación cuyo producto está pronto a publicarse (julio 2023) en una cartilla especial.
Pero esta no es la primera vez que se obtienen resultados semejantes en poblaciones de ríos amazónicos bolivianos a consecuencia de la minería. En 2021 se identificó que 60 de 64 mujeres en edad reproductiva de dos comunidades ese ejja del río Beni superaron la cifra de 1 ppm de mercurio, también en muestras de cabello. El dato corresponde a la investigación La exposición al mercurio de las mujeres en cuatro países latinoamericanos productores de oro de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes y del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad. En el documento, los autores llegaron a la conclusión de que, dado que ninguna de las mujeres tenía relación directa con la minería, la causa más probable de esas cifras elevadas —algunas tenían resultados de hasta 10 ppm— era el consumo de pescado contaminado.
Recientemente, en junio de 2023, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz dio a conocer el estudio Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas. Entre los resultados, procesados por la Universidad Mayor de San Andrés, se destaca que de 302 personas analizadas en 36 comunidades, el 74,5% están con niveles superiores a 1 ppm de mercurio.
Los pueblos indígenas más afectados son el ese ejja y el tsimane con registros de hasta 6.9 y 6.8 ppm de mercurio en el cabello respectivamente. Luego están los pueblos mosetén (4 ppm), uchupiamonas (2.5 ppm), tacana (2.1 ppm) y leco (1.2 ppm). Las muestras se tomaron en comunidades del río Beni y afluentes: Tuichi, Tejeque, Quiquibey y Madre de Dios.
El 28 de julio de 2022, en el informe La repercusión de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de los pueblos indígenas del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, se expuso que en la Amazonía hay más de 4.400 puntos de extracción de oro con una constante: “sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas” y sin permisos gubernamentales.
Además, el Relator afirmó que “el Estado Plurinacional de Bolivia se está convirtiendo en un centro regional para el tráfico ilícito de mercurio en la región”. Ello pese a que Bolivia es un Estado parte y signatario del Convenio de Minamata, que impulsa la necesidad de reducir e incluso eliminar el uso de mercurio en prácticas como la minería.
Al respecto, como una respuesta a “reducir el impacto en el medio ambiente provocado por el uso del mercurio” y “con la finalidad de proteger la salud humana”, el 14 de junio de 2023, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, firmó el Decreto Supremo 4959 mediante el cual se crea el Registro Único de Mercurio (RUME) y se establece una “autorización previa” para la importación o exportación de mercurio. Ambas acciones serán lideradas por el ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), considera que el decreto es un avance, pero que se debería apuntar a la prohibición definitiva del uso del mercurio en la minería por ser altamente nocivo para el medioambiente y la salud humana.
En el caso de Asobal, su ejecutiva afirma que desde hace años están trabajando en buscar formas alternativas para reducir su uso. Por otro lado, el ingeniero industrial José Bustamante, con experiencia de 16 años en minería y residente desde hace cinco en Riberalta, explica que cualquier proporción de mercurio es dañina para el medioambiente y también para los trabajadores de las balsas que se exponen en su manipulación. Para evitar su uso sugiere usar sistemas de centrifugado para recuperar y separar el oro de arena y greda.
Entre el 1 de mayo y el 1 de junio de este 2023, se reunieron en San Buenaventura, municipio amazónico de La Paz, distintos protagonistas de esta problemática. El evento se denominó “Diálogo multiactor sobre la minería del oro” y fue organizado, entre otras instituciones, por la Red Eclesial Panamazónica (Repam) Bolivia, y formó parte de actividades previas a la décima primera versión del Foro Social Panamazónico (FOSPA).
Una de las varias conclusiones y recomendaciones que surgieron de ese evento, rescatadas en un documento de 13 páginas, se enmarca en el pedido de los pueblos que están siendo afectados directamente: “Se debe demandar que la evidencia que se genera desde las comunidades y territorios indígenas sobre actividades mineras ilegales o afectaciones por la minería sea tomada en cuenta por las autoridades competentes”.
Mientras tanto, los Guari, los Vargas y muchas otras familias continúan sufriendo las consecuencias de la minería en los ríos amazónicos bolivianos. De momento, solo les queda seguir buscando formas para defenderse y cuidar su casa: el río y el bosque.
Fuente: REPAM Bolivia