-Tribunal simbólico-ético conformado solo por mujeres expone casos y emite veredicto contra Estados y proyectos extractivos que afectan los bienes comunes esenciales para la vida humana de las comunidades indígenas.
Luego de dos días de escuchar declaraciones de las víctimas, el ‘Tribunal de justicia y defensa de los derechos de las mujeres panamazónicas y andinas’, conformado en el marco del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), concluyó que los estados de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras y Perú no cumplen con las obligaciones adquiridas en los tratados internacionales “para poder sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres”.
Así lo dio a conocer la noche del 30 de abril luego de escuchar y analizar los casos de Lorenza Cayuhan, indígena mapuche de Chile que fue encarcelada cuando llevaba ocho meses de embarazo y fue obligada a dar a luz con grilletes en los pies, y el caso de las mujeres y niñas del pueblo Shuar, en Ecuador, desplazadas de sus comunidades por las fuerzas policiales para favorecer la explotación minera en sus territorios.
También el caso de Daniela Silva, del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, de Brasil, quien expuso sobre la resistencia de las mujeres a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte. Otro caso expuesto ante el Tribunal fue el de la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, en Perú, sin consulta previa y con un informe negativo de impacto ambiental, que estuvo a cargo de la lideresa amazónica Beatriz Caritimari.
De Perú también se planteó el caso de la campesina Máxima Acuña, violentada por la empresa minera Yanacocha en aparente complicidad con el gobierno. Finalmente, se abordó lo ocurrido hace más de un año, en Honduras, con la lideresa Berta Cáceres, asesinada “por su rol de defensora de la tierra del pueblo Lenca”.
Sobre este último caso, uno de los más emblemáticos, “exhortamos al Estado hondureño a realizar una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables tanto material como intelectual, dar acceso a la investigación en curso, así como a mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas en la sociedad hondureña y la comunidad internacional”, señala el veredicto del Tribunal.
El mismo solicitó, además, “la tipificación de las afectaciones ocasionadas por las acciones perpetradas y detalladas por los testimonios, con la intención de que la ley, por la acción directa de los operadores del derecho en los diferentes estados, y la justicia, por la evaluación y sanción de la propia opinión pública, alcance a sus responsables y sean capaces de prevenir la repetición de tales actos y la ilustración y esclarecimiento de la sociedad sobre las consecuencias y significados de las acciones juzgadas en este tribunal.”
El citado tribunal estuvo conformado por las expertas Gladys Acosta (Perú), Rita Segato (Argentina), Lilian Celiberti (Uruguay) y la lideresa indígena del pueblo Yanesha, de Perú, Teresita Antazú. En su declaración final el Tribunal advierte a partir del conocimiento de los casos, que “el cuerpo y la vida de las mujeres constituyen un blanco estratégico de las formas de agresión a la vida de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales del continente.”
Agrega así que, en este sentido, “es posible percibir que las mujeres no constituyen ya un daño colateral de las agresiones, sino un blanco central de los agentes corporativos que actúan a través o con el encubrimiento de los agentes estatales para asegurar la apropiación de territorios habitados por los pueblos.
En cuanto al caso de la campesina Máxima Acuña, el Tribunal pidió al Estado peruano la aplicación de la medida cautelar que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que garantiza su integridad y reconoce sus derechos comunales sobre su tierra”. En cuanto al proyecto energético Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, las juezas sostuvieron que se trata de un proyecto “elaborado e implementado sin la realización de la consulta previa, amparándose en una interpretación tendenciosa de la ley que exonera a los servicios públicos de ese procedimiento.”
Sobre el caso de los shuar de Ecuador, el tribunal instó a dicho Estado “a detener las actividades extractivas en los territorios superpuestos de pueblos indígenas”. Para el caso de Lorenza Cayuhan, de Chile, “exigimos que el Estado revise su legislación antiterrorista que criminaliza la lucha de los pueblos mapuche por sus derechos territoriales y ancestrales, que investigue y sanciones en uso de la tortura en mujeres privadas de libertad, particularmente en el caso de Lorenza”, invocaron las juezas.
Finalmente, para el caso de Brasil solicitaron al Estado “cumplir con la promesa de reubicación de la comunidad en la ribera del río, a buscar mecanismos de reparación integral a los pueblos indígenas que habitaban en las orillas del río Xingú, a través de políticas públicas concertadas con participación paritaria de hombres y mujeres, y reconocimiento del daño diferenciado”.
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Fuente: Sitio web del Foro Social Panamazónico (FOSPA)