Iglesias y Minería es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos, de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), del departamento de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) y del Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI), se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería.
Conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos ambientales y de las futuras generaciones provocadas por los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente. Trátase de operaciones empresariales contra derechos en violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los principios de la ONU sobre empresas multinacionales y derechos humanos.
Varios obispos y algunas conferencias episcopales en muchas ocasiones se han pronunciado para apoyar a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las compañías mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.
La actuación pastoral de las iglesias, al lado de las comunidades y con sus posicionamientos oficiales, ha sido eficaz para demostrar la contradicción del modelo económico extractivista y sus daños a la vida humana y al Planeta. De la misma forma, han contribuido para fortalecer a los pueblos en sus luchas y resistencias, así como en la construcción de alternativas.
Las más grandes multinacionales de la minería están intentando organizar estrategias que se opongan a esta actuación y a las denuncias. Incluso aumentando su presencia en los territorios y junto a las comunidades, las empresas no han conseguido seducir a los líderes y a los habitantes más conscientes, organizados en muchos casos en torno a las comunidades cristianas.
Hubo entonces una aproximación institucional: los altos ejecutivos y los mayores accionistas de varias compañías mineras solicitaron una jornada de “retiro” en el Vaticano (en octubre de 2013) y un día de reflexión en Canterbury, para acercarse a la Iglesia Anglicana (en octubre de 2014). También en estos casos, a pesar de encontrar escucha y apertura al diálogo, no consiguieron cooptar a las iglesias y lograr que bendijeran sus operaciones, puesto que las mineras pretenden evidentemente satisfacer intereses económico – financieros y, en la mayor parte de los casos, sus declaraciones formales no corresponden a una práctica efectiva de escucha y respeto a las comunidades en los territorios.
La tercera iniciativa seductora fue lanzada recientemente. Queremos que sea conocida, junto con nuestro más profundo repudio.
Denominada “minería en alianza (Anexamos el documento con la propuesta completa, que fue recibida por algunas de nuestras congregaciones religiosas en marzo de 2015.)”, se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ejemplifica los beneficios que esta iniciativa traerá tanto a las empresas como a las iglesias. Propone que las iglesias “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”.
Sobre esta iniciativa, queremos expresar nuestra posición:
Repudiamos la invitación para que la iglesia realice una alianza con las empresas mineras. Releyendo el documento redactado con ocasión del “retiro” en el Vaticano, queda aún más claro lo que las empresas entienden por esta alianza: Ellas se preguntan “¿Cómo es que la industria minera puede causar una mejor impresión?” y un empresario declara que su expectativa es que “un líder de opinión de la estatura de la Iglesia Católica (…) ayude a informar a la población a nivel global acerca de los progresos significativos hechos en el sector de la minería”.
No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1) asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53) y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación. El deber de las empresas, sometidas al control del Estado, es obtener el consentimiento previo de las comunidades antes de instalar un emprendimiento, garantizar condiciones adecuadas para su licenciamiento, evitar daños sociales y ambientales, pagar impuestos al Estado para sus políticas sociales y multas por cada violación provocada. Y es haciendo esto, y no sugiriendo otro tipo de financiamiento o alianza, que obtendrán nuestro reconocimiento como actores responsables.
Reconocemos la importancia del diálogo entre las comunidades cristianas y las empresas mineras. Estamos buscando cotidianamente ese diálogo (muchas veces en vano) en los más diversos contextos locales de conflicto, donde las comunidades denuncian violaciones concretas y presentan reivindicaciones específicas. Es allí que debe comenzar el diálogo; allí se mide la real disposición de las empresas con las comunidades. Los agentes pastorales no necesitan de la formación de las mineras para ejercer con competencia la mediación de este diálogo.
Financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos nos parece una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla, debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco: Discurso a las comunidades de Río de Janeiro en julio de 2013. Las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierte en proyectos de propaganda o en actividades que apuntan a apoyar económicamente a los líderes de los movimientos sociales, sindicatos o pastorales, con el evidente objetivo de reducir la crítica no a través del cambio, pero sí por la cooptación de quien la levantó.
Invitamos, entonces, al Pontificio Consejo de Justicia y Paz, a las Conferencias Episcopales, a las iglesias hermanas reformadas, a los/as teólogos/as, a las organizaciones cristianas empeñadas en la defensa de las comunidades afectadas por las violaciones a los derechos socioambientales y a las personas de buena voluntad, a manifestar con nosotros su repudio por otra iniciativa de cooptación de las grandes compañías mineras. Continuaremos humilde y persistentemente nuestro acompañamiento a las comunidades: es en ellas y por ellas, cada vez más conscientes, protagonistas y enraizadas en la defensa de sus territorios, que se viene construyendo el Reino de Dios.
Iglesias y Minería, abril de 2015:
Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade – AFES –
Agenda Latinoamericana Mundial
Amerindia Colombia y Continental
Associação Ecumênica de Teólogos/as do Terceiro Mundo – ASETT –
Associação Madre Cabrini, Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus – Brasil
Asociación Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta -JUSTAPAZ-
Caritas de El Salvador, El Salvador
Caritas Jaén, Perú
Centro de Ecología y Pueblos Andinos -CEPA- Oruro Bolivia
Centro de Justicia y Equidad -CEJUE- Puno, Perú
Centro Franciscano de Defesa dos Direitos, Brasil
Claretianos San José del Sur, Uruguay, Paraguay y Chile
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Chile.
Consejo Latinoamericano de Iglesias – CLAI-
Consejo Mundial de Iglesias, Justicia Climática -CMI-
Conselho Indigenista Missionário -Brasil-
Coordinación Continental de Comunidades Eclesiales de Base
Comissão Verbita, JUPIC- Amazonía.
Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Brasil.
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – Fe y Política -Conpaz- Colombia.
Comisión Intereclesial Justicia y Paz -Colombia-
Comissão Pastoral da Terra -CPT- Brasil.
Comunidades de Vida Cristiana -CVX-
Comunidades Eclesiales de Base, Colectivo Sumaj Kausay, Cajamarca, Argentina.
Coordinación Continental de Comunidades Eclesiales de Base.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú.
CPT Diocese de Óbidos, Pará, Brasil.
Derechos Humanos Sin Fronteras, Perú.
Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno -DEHUMA-, Perú
Diálogo Intereclesial por la Paz en Colombia, DIPAZ, Colombia
Diocesis de Copiapó- Alto del Carmen – Chile
Diocese de Itabira- Fabriciano Minas Gerais, Brasil
Dirección Diocesana Cáritas de Choluteca, Honduras
Equipe de Articulação e Assessoria as Comunidades Negras do Vale do Ribeira, EAACONE, Brasil.
Equipo Investigación Ecoteología, Universidad Javeriana, Bogotá.
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, Argentina.
Franciscans International.
Hermanas de la Misericordia de las Américas, Argentina.
Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chigüinto, Chile.
Irmãos da Misericórdia das Américas Juventude Franciscana do Brasil – JUFRA-
Justiça, Paz e Integridade da Criação Verbitas – JUPIC SVD – Província BRN
Mercy International Association at the UN
Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C. – MESETI –
Misioneros Claretianos Centro América y San José del Sur, Argentina
Misioneros Combonianos, Brasil e Ecuador
Movimento dos Atingidos por Barragens no Vale do Ribeira -MOAB- Brasil.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL-
Oficina de JPIC OFM, Roma.
Oficina de JPIC Sociedad Misionera San Columbano, Chile
Orden Franciscana Seglar, Uruguay
Organización de Familias de Pasta de Conchos, México
Pastoral de Cuidado de la Infancia, Bolivia
Pastoral Indígena, Ecuador
Pastoral Indigenista de Roraima -Brasil-
Pastoral Social Cáritas Oruro, Bolivia
Pastoral Social Diócesis de Duitama Sogamoso, Boyacá, Colombia
Pastoral Social Diócesis de Pasto, Nariño, Colombia
Radio el Progreso Yoro-ERIC- Honduras
Red de Educación Popular de América Latina y el Caribe de las Religiosas del Sagrado Corazón
Rede de Solidariedade Missionárias Servas do Espírito Santo, Brasil
Red Muqui, Perú
Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Piura, Perú
Secretariado Diocesano de Pastoral Social, Garzón Huila, Colombia
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Romero -Sicsal-
Servicio Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecología -SINFRAJUPE-, Brasil.
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, Oscar Romero, -SICSAL-
Servicios Koinonia
Vicaría de la Solidaridad, Oficina de Derechos Humanos, Jaén, Perú.
Vicariato Apostólico San Francisco Javier, Jaén, Perú.
Vivat International.
Fuente: CNR