5 de noviembre de 2019
Quito / Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, con el fin de observar en el terreno la situación de los derechos humanos en ese país en el contexto de las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre tras las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional el 1 de octubre; de recibir información sobre actos de violencia, la respuesta del Estado y el desarrollo del proceso de diálogo entre las distintas partes involucradas. Para tal fin, la CIDH trabajó en cuatro equipos, visitó cuatro ciudades, instalaciones estatales, y centros de detención, así como amplios sectores y organizaciones de la sociedad ecuatoriana.
Durante la visita la delegación sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, y un amplio grupo de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad; asimismo, recibió un importante número de testimonios, y realizó actividades en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por la Presidenta y Relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, e integrada por la Comisionada, Antonia Urrejola, Segunda Vicepresidenta de la CIDH y el Comisionado Luis Ernesto Vargas; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García; la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción, María Claudia Pulido; y por personal de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión agradece la invitación y apoyo por parte del Estado de Ecuador para realizar esta misión de observación, y expresa su gratitud por toda la asistencia prestada para la organización y desarrollo de la misma así como por la logística de transportación y seguridad facilitada cuando fue requerida; en particular, el acceso a todos los lugares requeridos por la delegación. Asimismo, valora la apertura y receptividad de las autoridades para abordar los temas de interés de la CIDH.
La CIDH reconoce además la valiosa colaboración brindada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que prestó apoyo técnico, logístico y de personal para la realización de la visita; así como el acompañamiento en el terreno del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. Asimismo, valora el esfuerzo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de personas defensoras de los derechos humanos, así como de las víctimas y sus familiares, que participaron presentando información y testimonios en las ciudades visitadas.
Durante los tres días de visita, la Comisión Interamericana se reunió con autoridades de la Presidencia de la República, los Ministerios de Gobierno, Defensa, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Cultura, Educación, Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Ambiente y Agua, Energía y Recursos no Renovables y la Controlaría General del Estado. Así como con la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En provincias, se reunió con representantes de la Alcaldía de Guayaquil, Prefectura y Gobernación del Guayas, Alcaldía de Latacunga, Prefectura de Tungurahua y Prefectura de Cotopaxi, Alcaldía del Cuenca, Prefectura de Zamora Chinchipe, Prefectura del Azuay, Gobernación del Azuay, y Alcaldía de Quito. Asimismo, visitó el Centro de Detención Provisional de Quito “El Inca” y el Centro de Privación de Libertad Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi; el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y el edificio de la Contraloría General, destruido por un incendio.
De igual forma, en el curso de su misión la Comisión se reunió, tanto en Quito como en las ciudades mencionadas, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos indígenas, transportistas, empresarios, gremios del sector privado, representantes de universidades y hospitales, y periodistas, y representantes de la fuerza pública. Adicionalmente, la CIDH visitó la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Durante la visita la CIDH entrevistó un total de 439 personas y registró 380 testimonios, la mayoría aportados por personas que alegan ser víctimas de violaciones a derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas, incluyendo a personas detenidas. Según la información suministrada por la Defensoría del Pueblo, con ocasión a dicho contexto hasta la fecha 11 personas habrían perdido la vida, por lo menos 1340 resultaron heridas y 1192 habrían sido detenidas, de las cuales el 80% habrían sido puestas en libertad. Por su parte, el gobierno ha informado que 9 personas habrían perdido la vida en accidentes relacionados con los disturbios, de los cuales dos casos estarían siendo investigados como muertes violentas.
Sin perjuicio de las observaciones que emitirá con sus conclusiones y recomendaciones, es de indicar que la Comisión recibió con preocupación denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la protesta social relativas a falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas; obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos; hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición.
Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 miembros de la fuerza pública, muchos de los cuales sufrieron maltratos; y de los perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado como por algunos de los sectores económicos productivos del país, medios de comunicación, cuarteles de la policía y una base militar, como consecuencia de la acción violenta de grupos, llevando a la destrucción de bienes públicos como ambulancias, así como de acciones vandálicas de saqueo e incendios deliberados que generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país. A este respecto, la Comisión hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dicho contexto, así como juzgar y sancionar a los responsables.
La CIDH estima como graves los episodios de hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga, por parte de los agentes de seguridad de ese establecimiento, quienes prohibieron a la delegación tomar imágenes y videos y le impidieron realizar su trabajo en ese lugar. La CIDH recuerda, en consonancia con su Reglamento, que la invitación a una visita de observación por parte de un Estado incluye necesariamente el acceso a lugar donde se mantengan personas privadas de libertad. Al respecto, la Comisión toma nota de las disculpas extendidas por la Cancillería, así como su indicación escrita de que “será objeto de un prolijo análisis a fin de que esto no se repita”.
Por último, la CIDH anuncia que las observaciones derivadas de esta visita al Ecuador serán presentadas próximamente; a la vez que urge al Estado y a los representantes de la sociedad a dar continuidad a los procesos de diálogo instalados en el país, tomando en consideración los estándares internacionales de derechos humanos, y en particular en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La CIDH toma nota de las advertencias sobre posibles represalias planteadas por representantes de la sociedad civil en las reuniones realizadas, quienes expresaron su temor a las consecuencias que pueden enfrentar. La CIDH ha condenado enérgicamente cualquier posibilidad de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales, o ante los órganos nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. En los términos del artículo 63 de su Reglamento, la CIDH en esta oportunidad urge al Estado a adoptar medidas para prevenir que situaciones como estas se puedan registrar y, de ser el caso, brindar protección para garantizar la seguridad de todas las personas que han participado en actividades de la visita o que utilicen cualquiera de las herramientas de la Comisión.