Como Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales IRI-Colombia, hemos comprobado en nuestro trabajo cotidiano en los territorios más deforestados, la urgencia de proteger la vida y la obra de los defensores ambientales.
Estas personas son hoy el nexo indispensable para mantener y restaurar la armonía y el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. En este sentido saludamos la decisión del Presidente de la República, Dr. Iván Duque, de someter a aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, el que por primera vez define a nivel global el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los conflictos socioambientales.
Nuestro Congreso tiene hoy la enorme responsabilidad histórica de aprobar el primer tratado internacional que reconoce y garantiza la protección de las y los defensores del medio ambiente y la tierra, y estamos seguros que actuarán a la altura de su trascendencia para el futuro de Colombia y la Humanidad.
La esencia de este Acuerdo se conecta con el espíritu de la Carta Encíclica Laudato Si’, del Santo Padre Francisco, que nos recuerda que, “merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo“. A lo que se agrega el hecho conmovedor de poder comprobar que cada vez es mayor la participación ética y comprometida de la juventud de nuestra sociedad, en esta noble causa.
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El año pasado, según cifras de ONG británica Global Witness que se encarga de llevar esta dolorosa contabilidad en el mundo, se informó que en Colombia 64 defensores del medioambiente perdieron su vida debido a las amenazas que recibieron por su sagrada labor basaba en la preservación y respeto por la naturaleza.
De allí la importancia de que nuestro Congreso ratifique con celeridad este Acuerdo ya firmado por el Ejecutivo, pues ofrecerá herramientas adicionales frente a las obligaciones generadas por Sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que llaman a reconocer los derechos de los ríos y los bosques y que, al mismo tiempo, nos permitirá avanzar en la construcción de espacios conjuntos participativos e intergeneracionales, entre el Estado y la Sociedad Civil.
En este sentido, consideramos muy importante el mensaje de urgencia que acompaña esta decisión, pues marca un interés por unir con seriedad los esfuerzos que se adelantan en el país con el propósito de mejorar la efectividad y capacidades de las autoridades judiciales y administrativas, encargadas de velar por la vigencia del derecho humano a defender el ambiente y de garantizar su ejercicio sin discriminaciones y en condiciones de seguridad.