Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el acceso al agua y saneamiento básico en Perú, el 60,3% de la población de Iquitos – Loreto, en la Amazonía peruana, no tiene acceso a agua potable.
Por Vanessa Xisto – Comunicación REPAM
Durante una visita territorial realizada por la Red Itinerante Amazónica, asistida por la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM) y la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR), se constató la situación real en la que vive actualmente la gran mayoría de la población de Iquitos. Se afrontan importantes retos relacionados con el acceso al agua potable debido a la contaminación de los ríos, la falta de infraestructuras adecuadas y la elevada humedad de la región. Muchas comunidades siguen dependiendo de fuentes de agua sin tratar, lo que supone riesgos para la salud.
Además, problemas como la deforestación, la minería ilegal y la explotación de los recursos naturales han contribuido a la degradación del medio ambiente, afectando aún más a la calidad del agua disponible. Las emergencias climáticas y las inundaciones ocasionales también complican la situación.
Iniciativas locales
En 2015, el asentamiento humano de Iván Vásquez y 21 de Septiembre de Punchana-Iquitos, con el apoyo de IDL y el Vicariato Apostólico de Iquitos, interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional para que la población tenga derecho a lo básico para sobrevivir, pero los retos continúan. La implicación del gobierno, la sociedad civil y las instituciones aliadas es crucial para afrontar esta crisis y garantizar un acceso al agua más seguro y sostenible para la población de Iquitos.
Según el Obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, Miguel Ángel:
«el 50% de la población del departamento de Loreto, no sólo la ciudad de Iquitos, necesita agua potable, y más del 80% necesita saneamiento básico. Acompañamos a los dirigentes y presentamos una demanda constitucional por el derecho al agua potable y saneamiento básico. Ganamos en primera instancia y las municipalidades que tienen que cumplir la sentencia apelaron y ganaron en segunda instancia. Apelamos al tribunal constitucional y ganamos hace un año, y ahora tienen que hacer cumplir la sentencia. Como el Estado no está ejecutando la sentencia, hemos pedido apoyo en varias ocasiones para que las organizaciones implicadas vigilen la ejecución de la sentencia. Esto es muy grave, porque significa que al Estado no le interesa esta situación. Seguiremos vigilando a esta población. Es triste tener que imponer una demanda sobre el derecho al agua potable y al saneamiento básico, porque es un derecho legal de todo ser humano».
El líder y fundador de la comunidad, Joel Horras, también habló de su indignación por vivir en esta situación de falta de saneamiento básico:
«Hasta ahora no entiendo qué podemos hacer. La Iglesia nos está apoyando, pero las autoridades no nos toman en serio, a pesar de tener una denuncia constitucional. El clamor y la necesidad de los niños y del pueblo, y la pobreza extrema en la que vivimos, nos indigna mucho. Necesitamos que la gente nos apoye para que esta población pueda sobrevivir en cuanto al agua, solo dos veces a la semana llegan una o dos cisternas de agua, pero si trabajaran coordinadamente con el gobierno regional, la provincia de Maynas y Punchana, todos los días llegaría una cisterna de agua y seríamos felices».
Acceso al agua
En 2022, según información difundida por el INEI, en 15 departamentos más del 91% de la población consume agua de la red pública (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del inmueble o de una tubería pública), fuera de la vivienda, pero dentro del inmueble o de red pública. En este grupo se destacan los departamentos de Moquegua, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Arequipa, Tacna, Ayacucho, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Lima Metropolitana, Huancavelica, Lima, Ica, Ancash y Junín. En tanto, la población de los departamentos de Pasco (82,6%), Tumbes (82,0%), Puno (81,4%), Piura (80,2%), Ucayali (72,3%) y Loreto (60,3%), tienen menor cobertura de la red pública de agua.
El acceso al agua potable y a sistemas de alcantarillado adecuados es fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la diarrea y otras infecciones. La falta de saneamiento básico contribuye a la alta incidencia de enfermedades que afectan a la calidad de vida de las personas. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar este derecho a todos los ciudadanos, promoviendo la dignidad y la igualdad social.
