A través de un pronunciamiento, organizaciones de la sociedad civil alertaron acerca del daño que viene causando las economías ilegales al país. Al mismo tiempo, lamentaron que en esta campaña electoral gobiernos regionales y autoridades nacionales «favorezcan que se flexibilicen aún más los marcos normativos que facilitan la minería ilegal.
Por CAAP
Más de una decena de organizaciones indígenas, redes y movimientos se pronunciaron para alertar acerca del avance de las economías ilegales que, en los últimos dos años, señalaron, han ocasionado la muerte de 12 defensores ambientales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos que luchan en defensa de sus territorios y cuencas.
En el documento, señalaron que actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico generan altos niveles de criminalidad, haciéndo énfasis en que el proceso de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal iniciado el 2002, ha sido continuamente modificado y ampliado en su vigencia hasta el 2024 sin lograr los objetivos deseados por los tomadores de decisión.
Las organizaciones que firman el pronunciamiento, entre ellas el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la Red Pastoral de Pueblos Indígenas y Ecología Integral, lamentaron además «que haya gobiernos regionales y autoridades nacionales que en plena campaña electoral favorezcan que se flexibilicen aún más los marcos normativos que ya facilitan la minería ilegal».
Detallaron que esta acciones han afectado a cuatro Áreas Naturales Protegidas, siete Zonas de Amortiguamiento, Reservas Indígenas, «provocando deforestación, erosión de suelos, contaminación de aguas, fauna y flora, y la afectación con mercurio y otros insumos químicos de la vida de las personas, además de propiciar la explotación laboral y sexual, y la trata de personas».
A continuación, lee el pronunciamiento de forma íntegra:
