Religiosos católicos de Latinoamérica, EE.UU. y Canadá acudieron hoy por primera vez a la CIDH para denunciar la vulneración de los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas por parte de las industrias que extraen recursos naturales en América, especialmente en la Amazonía.
En una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los religiosos reclamaron la necesidad de proteger “a los más pobres entre los pobres”, que el obispo de la diócesis guatemalteca de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, identificó con los pueblos indígenas.
“Denunciamos el comportamiento irresponsable de las empresas trasnacionales, que en el desarrollo de sus actividades no respetan los acuerdos internacionales, mientras los Estados permanecen pasivos ante las prácticas extractivas”, alertó Ramazzini.
“No somos los dueños de la creación, sino sus guardianes y administradores”, destacó el obispo, que recordando la doctrina social de la Iglesia dijo que el hombre no puede reducir al medio ambiente a un “objeto de explotación” y debe ser respetuoso con otros hombres y con los animales.
El purpurado incidió en que la responsabilidad sobre los daños a la naturaleza o a los derechos de los indígenas viene tanto de parte de los Estados que acogen a las empresas extractivas, como de los cuales proceden las compañías, entre los que citó a Canadá y EE.UU.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de Canadá, Donald Bolen, expresó el compromiso de su Iglesia para hacer llegar al Gobierno canadiense las denuncias sobre los daños al medioambiente y mostrar las consecuencias a las industrias mineras.
De esta forma, el arzobispo de Huancayo, en Perú, Pedro Barreto Jimeno, destacó la “seria” preocupación de la Iglesia católica sobre las consecuencias de la extracción de recursos naturales, de las que los religiosos son testigos en primera línea.
“Somos testigos cercanos del aumento de las enfermedades graves de las poblaciones indígenas a causa de los gases y de la destrucción de la naturaleza”, señaló el arzobispo, que también preside el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Citando unas palabras del papa Francisco, recordó que si bien “el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la Política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la Justicia”.
Los religiosos incidieron en la gravedad de algunos casos en Brasil, Honduras, México, Perú y Ecuador, país que citaron para hablar del Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera envuelta en polémica por el anuncio de la explotación de petróleo en una de sus zonas.
Mauricio López, de la Red Eclesial Pan Amazónica, llamó la atención sobre la situación del Amazonas, que “requiere una respuesta urgente” por la vulneración de derechos humanos de los pueblos que habitan los territorios que comparten la selva tropical.
Para proponer soluciones, la Iglesia entregó un informe en el que se destacan como prácticas usuales de los Estados la criminalización de la protesta y las agresiones a los defensores de derechos humanos, así como el crecimiento de la conflictividad social como consecuencia de las extracciones de recursos naturales.
Tras escuchar a los religiosos, los comisionados expresaron su emoción por lo que la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, consideró “un momento histórico”.
“Es la primera vez que vienen tres conferencias a la comisión en un tema que refleja la importancia crítica, la afectación al medio ambiente y a los defensores del medioambiente de la industria extractiva”, dijo a Efe el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Icaza, que estuvo presente en la audiencia, consideró que la asistencia de los obispos lanza un mensaje “muy importante” sobre la valía de la CIDH, que hoy ha dado la bienvenida a un nuevo actor social.
Fuente: Agencia EFE