El siglo XXI está marcado por una profundización de la reprimarización de nuestra economía en la producción de materias primas agrícolas y minerales. Este es el resultado de las políticas neoliberales adoptadas en toda América Latina a finales de los años ochenta y a lo largo de los noventa. Periodo de destrucción de zonas industriales y retirada de la participación estatal en sectores estratégicos de nuestra economía, así como la pérdida de derechos sociales, laborales y de seguridad social.
Por Mons. Vicente de Paula Ferreira *
La extracción de minerales en Brasil se inserta en este contexto general de aperturas de minas, flexibilización de la legislación medioambiental y minera, unido al desmantelamiento de los órganos de vigilancia y control del sector. Esto facilitó la expansión y el drástico crecimiento de esta actividad en la década de 2000. Una de las consecuencias de la crisis mundial de 2008 fue la elevada inversión de capital relacionada con la minería, principalmente en la cadena del oro y el mineral de hierro. También hubo una subida de precios, causada por la demanda china. En consecuencia, aumentaron los conflictos en los territorios, los accidentes laborales, los delitos ambientales, las contaminaciones diversas, las roturas y/o filtraciones de diques de residuos y, sobre todo, la evasión fiscal elusión fiscales cometidas por el sector minero.
Desde el Golpe de 2016, se ha producido una profundización de los conflictos relacionados con la minería en el país, precisamente debido a la decisión política del Estado brasileño de fomentar la apertura de nuevas minas, reducir el valor y la cuantía de las multas impuestas a las empresas mineras y, sobre todo, el fomento de las invasiones de territorios protegidos (Tierras Indígenas, Unidades de Conservación, territorios afrodescendientes, Parques y Bosques Nacionales, entre otros) para las actividades mineras.
Un gobierno que promueve la destrucción del medio ambiente
Desde la campaña electoral, Jair Bolsonaro prometió que no demarcaría ni una tierra indígena y afrodescendiente (“quilombo”) más, con el foco puesto en la exploración minera de estos territorios. Verbalizó el 10 de octubre de 2019 que “el interés por la Amazonía no está en el indio, ni en el puto árbol. Está en el mineral! […] ¿Cómo puede un país rico como el nuestro, que tiene toda la tabla periódica bajo tierra y seguir viéndoles sufrir aquí”.
Desgraciadamente, Bolsonaro ha construido su política gubernamental para el avance de la minería en estos territorios. Según datos publicados en septiembre de 2022, por MapBiomas, desde 2019, es la primera vez que el área minera ilegal es mayor que la minería industrial, siendo, más del 91% de esta área está concentrada en la Amazonia brasileña.
Esta concentración ha sido posible gracias a los recortes presupuestarios en el Ibama y el ICMBio, así como el desmantelamiento de organismos de combate e fiscalización. El presupuesto liberado para la supervisión de la deforestación en el año 2019 fue de 102 millones de reales y todavía sufrió un corte de 15,6 millones de reales. En el año 2020, el recurso era aún menor: según el Proyecto de Ley de Presupuestos (PLOA) aprobado, se preveían 76,8 millones para las acciones de control y fiscalización ambiental del Ibama. Esto supuso 25,2 millones de reales menos.
Conflictos que causaron muertes
Otro resultado de esta política adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro fue el número de conflictos que causaron muertes de pueblos indígenas. El informe “Conflictos en el Campo Brasil 2021”, divulgado en abril de 2022, por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), mostró que la minería ilegal fue el principal factor de ocurrencia de violencia en el campo en 2021. Estos conflictos, causaron el 92% de las muertes por conflictos registradas por el CPT.
También es importante destacar que en 2019 el fenómeno que hizo que “el día se convirtiera en noche”, no fue un mero cambio climático o la rotación de la tierra lo que provocó un “eclipse”, sino la libertad y la celebración por la Flexibilización de la Legislación Ambiental llevada a cabo por el Gobierno Federal. Y en señal de apoyo, los agricultores celebraron el “Día del Fuego” (quema de la selva).
Un año después, nuestra Conferencia Episcopal brasileña publicó el “mensaje sobre las quemas en territorio brasileño”, en el que señalaba que “Esta agresión a la Casa Común, resultó, en los años 2019 y 2020, en récords en la cantidad de incendios en el Cerrado (50.524 y 41.674), en el Pantanal (6.052 y 15. 973) y en la Amazonía (66,749 y 71,499), totalizando, según datos del INPE, 123,325 focos en 2019 y 129,146 hasta el 20 de septiembre de 2020, lo que corresponde a un incremento de 5,821, destruyendo gran parte de la biodiversidad en estos biomas, amenazando a los pueblos originarios y comunidades tradicionales”, para beneficiar a empresas mineras, madereras y al agronegocio.
Vemos que no sólo la minería “ilegal” y las quemas causan conflictos en la región amazónica. La minería industrial (“legal”) es responsable de varios conflictos socioambientales en la región. El proyecto Grande Carajás, de la empresa minera Vale, fue directamente responsable del colapso del sistema de salud pública en Parauapebas (estado de Pará), por no haber detenido sus actividades al inicio de la Pandemia de Covid-19. Hydro Alunorte fue responsable del derrame de metales pesados (plomo, sodio, nitrato y aluminio) en Barcarena, también en el Estado de Pará, y también se ha encontrado dos tuberías ilegales por las que se vertían estos residuos a los ríos. Por desgracia, estos casos no son la excepción de los problemas sociales y medioambientales causados por la minería “legal” en la región.
* Mons. Vicente de Paula Ferreira es obispo auxiliar de la archidiócesis de Belo Horizonte y Secretario General de la Comisión de Ecología Integral y Minería de la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil)
Fuente: ADN Celam – Traducción al español: Julio Caldeira/REPAM