Acuerdo judicial que beneficia Vale/Samarco/BHP es homologado por la (In) Justicia brasileña
El 05 de noviembre de 2015, El 15 de noviembre de 2015, los brasileños fueron víctimas del delito ambiental más grande experimentado alguna vez en la historia de ese país, con la rotura de la presa de relaves de minerales de Vale / Samarco / BHP, marcando el comienzo de un desastre que ha causado incalculables impactos Minas Gerais, Espírito Santo y Bahía.
En marzo de este año, las empresas han desarrollado con los gobiernos federal, de los estados (ES y MG) y organismos gubernamentales (IBAMA, ICMBio, ANA, FUNAI, DNPM) un acuerdo para la reparación, mitigación y compensación de las pérdidas derivadas de la rotura.El proceso de elaboración del acuerdo, sin embargo, no permitió la participación de las atingidas y atingidos, interesados directos en la reparación de los daños, lo que indica que las empresas responsables y el Estado los ven a las atingidas y atingidos como objeto y no como sujetos de derecho. El Ministerio Público (de estado y federal), sobre las diversas ilegalidades contenidas en el acuerdo, se negó a ratificarlo.
El Procurador de la República, Edmundo Antonio DiasNetto Junior evalúa el acuerdo como una especie de consorcio entre las empresas Vale, Samarco y BHP.La homologación del acuerdo, de hecho, exacerba los conflictos, desconsidera la necesidad de la reparación integral del daño y aumenta el sufrimiento, resultado de la pérdida de medios de subsistencia, de los modos de vida y de la memoria, impuesto a los pescadores, pequeños agricultores, pueblos indígenas, poblaciones tradicionales y medio ambiente.Y eso produce dos días después de la caída de las acciones de la Vale y BHP con la noticia de la creación de la ACP por el MPF, con la estimación de la reparación de daños de R$ 155 mil millones.
Lamentablemente, desconsiderando todas las ilegalidades identificadas por el MP y por la sociedad civil organizada, el Tribunal Federal de la 1ª Región, en la persona de la juezadesembargadoraMaria do Carmo Cardoso, homologó ayer, 05/05/2016 (emblemáticamente exactos 6 meses tras la catástrofe) , el referido acuerdo.
Denunciamos que las empresas y los gobiernos federales y de los estados (MG y ES) usaron de estratagema legal para permitir la realización del acuerdo, ya que fue homologado en el caso de una apelación interlocutoria que tramita en segunda instancia, cuando el Tribunal competente para examinar la situación es la Sección Judicial en Belo Horizonte. Por lo tanto, el acuerdo es ilegal, no sólo por no contemplar las voces de las atingidas y atingidos, sino como consecuencia de irregularidades procesuales.
Rechazamos la ratificación del acuerdo y exigimos que una solución sea construida con la participación efectiva de atingidas y atingidos y de los fiscalesde justicia y procuradores de la República directamente involucrados con la demanda en los territorios.No aceptamos la perpetuación de la violencia llevada a cabo por un acuerdo de fachada que legitima las prácticas criminales y exonera al gobierno. Las empresas responsables del crimen no pueden decidir por sí solas sobre la recuperación de los daños difusos y colectivos, así como la compensación de las familias, siendo imprescindible la participación directa de las víctimas, ya que el caso es determinante para la reconstrucción de sus vidas y del medio ambiente.
Brasil, 06 de mayo de 2016