Han pasado siete días desde que las comunidades indígenas afectadas por la contaminación petrolera del Lote 192 y 8, en Loreto, iniciaron un paro indefinido. Mientras la indiferencia y el silencio del Estado continúa, se agudizan las amenazas contra la vida de estas poblaciones.
Por CAAP
En la comunidad San José de Saramuro, del distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, vive el apu Teobaldo Flores, quien se encuentra bajo amenaza desde que inició la movilización de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación petrolera del Lote 8 y 192. Hace siete días, un grupo «armado y violentista» que está en contra de estas protestas, no ha dejado de hostigarlo.
Gritos y disparos al aire se escuchan ahora en los alrededores de su comunidad. Las amenazas de muerte, enviadas a través de fotos y vídeos en redes sociales, señalaban además que atentarán contra su vida apenas finalice el control territorial. «Se mostraban encapuchados, con escopetas y afirmaban no permitir ninguna toma de la Estación 1 de Petroperú», denunciaron las organizaciones indígenas que integran las Cuatro Cuencas.
Estas amenazas también iban dirigidas, en un inicio, al apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), por lo que se está remitiendo la evidencia a las autoridades correspondientes para que se emitan medidas efectivas para la protección de los líderes indígenas y otras autoridades comunales que vienen apoyando la movilización, indicaron las federaciones.
Atentados y radicalización
Hace dos días, en la misma comunidad San José de Saramuro, las organizaciones indígenas alertaron que se quiso atentar contra la vida de los manifestantes por el bloqueo indefinido del tránsito de las embarcaciones en el río Marañón. Una lancha que venía desde Iquitos con pasajeros y carga avanzó a la fuerza, disparando contra las pequeñas embarcaciones comunales que trataban de convencer al grupo de no continuar.
De acuerdo al pronunciamiento emitido por las Cuatro Cuencas, esta acciones han ocasionado que se decida reforzar el control territorial y radicalizar el bloqueo del río Marañón, logrando que, a partir de esta semana, ninguna embarcación sin excepción pueda pasar. «Exigimos un inmediato proceso de investigación y sanción a las empresas de transporte fluvial Eduardo y Grupo Selva por atentado contra la vida», sostuvieron.
Demandas sin atender
El paro indefinido, que inició con el bloqueo pacífico del río Marañón a la altura de San José de Saramuro, es consecuencia del vencimiento del plazo de 45 días que se le dió al gobierno de Pedro Castillo para que reactive el diálogo con las comunidades. Las demandas planteadas por los pueblos indígenas, tras 50 años de explotación y contaminación petrolera, responden al abandono del Estado en materia de derechos humanos y colectivos.
La medida es resultado del agotamiento de las vías formales y legales, situación que ya se había anunciado desde hace más de dos meses. «No solo se trata de un derrame de petróleo y de una comunidad, sino de casi 100 representadas por la FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT con una agenda seria respecto a salud, remediación ambiental, educación, titulación…», mencionaron desde las Cuatro Cuencas.
Los manifestantes en pie de lucha pertenecen a los pueblos kichwa, achuar, kukama, urarina y quechua, que integran la ACODECOSPAT, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR) y la Organización de Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (OPIKAFPE).
Fuente: CAAP