En el año 2020 también se negó la aprobación de este tratado que busca la justicia ambiental, y que cuenta con 24 países en América Latina y el Caribe inscritos. De acuerdo al registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 2011, al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú por proteger sus territorios.
Por CAAAP
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó de forma definitiva, el lunes 11 de julio, la Resolución Ministerial N°239/2021, que pretendía garantizar y fortalecer la protección de los derechos de los defensores ambientales en el país, a través de la implementación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales.
Con los 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención emitidos por los parlamentarios miembros de esta comisión, el Perú se abstiene de ratificar este acuerdo, vigente en 24 países y ratificado en 13 de la región para garantizar los derechos humanos ambientales de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Esta es la segunda vez que esto ocurre. En 2020, el Poder Legislativo archivó el proyecto con votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, UPP, APP, Frepap y Podemos.
Para Amnistía Internacional, esta situación es «preocupante», pues en abril de este año alertó sobre el creciente clima de hostilidad que existe en en Perú contra los defensores del territorio. De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 2011 al menos 29 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en el Perú por proteger sus territorios de la tala ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras.
Tras conocerse la noticia, la Defensoría del Pueblo también expresó su rechazo al archivo de la propuesta para ratificar Escazú. «Solicitamos a la Cancillería Peru insistir en la siguiente legislatura con la propuesta de ratificación del acuerdo, y al Congreso a aprobarla, a fin de dotar a nuestro marco jurídico de la efectividad que requiere para proteger los derechos humanos ambientales».
Fuente: CAAP