El incidente aún no ha sido contenido en tu totalidad por la empresa a cargo del oleoducto, pese a que ya pasó un mes desde que se reportó, denunció la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT). “Todos estamos con dolor de cabeza, vómitos, el personal de la misma empresa también está mal», señaló el apu de la comunidad La Petrolera.
Por CAAP
Las comunidades La Petrolera y Santa Teresa, ubicadas en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, solicitaron al gobierno la alerta para declarar sus territorios en emergencia ambiental y sanitaria, debido al derrame de petróleo reportado a inicios de junio a la altura del kilómetro 56 del oleoducto Trompeteros – Saramuro, en el Lote 8. Ha pasado un mes desde que se informó de este incidente, no obstante; los trabajos de contención no se han realizado en su totalidad, provocando la contaminación del afluente del Patoyacu, en el río Chambira, y afectando a decenas de familias que hoy presentan problemas de salud y síntomas de intoxicación.
Pese a los reclamos y demandas de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), organización indígena que representa a estas dos comunidades, la actual propietaria de este lote, Pluspetrol, no ha tomado las medidas necesarias para proceder con el recojo del crudo vertido, que en pocos días se extendió rápidamente debido a las fuertes lluvias. Desde un inicio, la empresa se negó a atender la situación, argumentando que la tubería dañada era responsabilidad de la comunidad. Tras mucha insistencia, finalmente decidieron enviar a veinte personas para iniciar las acciones de contingencia, pero sin los equipos de protección necesarios.
«Hemos exigido desde el primer día que si se les va a contratar deben equiparles, ya van 27 días pero recién de aquí a una semana le va a llegar su protección completa», señaló vía telefónica el apu de La Petrolera, Robles Pisco. En medio de esta situación, los trabajadores también han empezado a presentar problemas de salud, indicó. “Todos estamos con dolor de cabeza, vómitos, el personal de la misma empresa también está mal, ellos mismos lo han declarado”.
Salud en riesgo
Desde junio, la comunidad La Petrolera ha demandado asistencia médica, alimentaria y de agua apta para consumo humano. Y es que las familias que viven allí no cuentan con un establecimiento de salud donde puedan recibir atención médica para los síntomas que ahora sufren por los rastros de crudo presentes en sus aguas y peces. De acuerdo a la directiva sanitaria para el abordaje integral ante el riesgo y exposición a derrame y/o fuga de hidrocarburos (RM 1023-2020-MINSA), el Ministerio de Salud (MINSA) debió desplegar la atención en el breve plazo, lo que implicaba la notificación inmediata, el abastecimiento de medicinas y el monitoreo clínico y epidemiológico de la población expuesta.
Aún así, el MINSA no ha enviado una brigada especializada. El último fin de semana llegaron a la comunidad La Petrolera un médico serumista, una bióloga y un técnico enfermero, sin las capacidades técnicas y logísticas correspondientes, reportaron. El equipo del MINSA fue enviado solo para realizar un informe de la situación y atender puntualmente casos que muestren señales de intoxicación. Acciones que no son suficientes para las organizaciones indígenas porque, señalan, en este caso se necesita de un monitoreo riguroso a mediano y largo plazo del impacto real de la exposición.
Sin apoyo local
El apu de la comunidad La Petrolera, Robles Pisco, mencionó que se ha comunicado con la municipalidad distrital de Urarinas para que el alcalde César Marquillo interceda por ellos y pueda canalizar sus demandas hacia las demás instituciones del Estado, pero tampoco han recibido una respuesta por parte del burgomaestre. “Él como autoridad local debería hacernos una visita y pedir una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria ante el gobierno, pero no nos da la cara”, lamentó.
Fuente: CAAP