Perú es un país en donde asumir el papel de defensor o defensora ambiental puede costar desde ocasionales amenazas hasta la propia vida. Es el país de Edwin Chota y otros tres valientes compañeros ashéninkas asesinados cerca de la frontera con Brasil por madereros ilegales. Aquello ocurrió el 2014 y desde entonces parece que se entiende mejor el importante y arriesgado papel que tienen.
Pero hasta hace unos días, dentro de los límites de la propia nación, no se había rendido homenaje oficial a su labor. Los reconocimientos siempre llegaron desde fuera.
No obstante, esto último cambió el pasado miércoles con el reconocimiento que les hizo la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE), del Congreso de la República, presidida por la congresista María Elena Foronda, a cerca de 50 personajes y organizaciones de costa, sierra y selva.
Es importante antes tener en cuenta algunos datos. El mismo año que mataron a Edwin Chota, la organización internacional Global Witness reveló que al menos 57 defensores ambientales y de la tierra fueron asesinados en el Perú desde el 2002 hasta aquel entonces. Es decir, 57 muertes en casi 13 años.
Al año siguiente, en 2015, el número de asesinatos de defensores ambientales en el país llegó a 12, según la misma organización. El país se colocaba así ese año detrás de Brasil, con 50 muertes, Filipinas, con 33, y Colombia, con 26 muertes. La mayoría de estas se relacionan a disputas en torno a derechos sobre la tierra, la minería y la tala. En julio de este año se conocerán las cifras del 2016.
Según la información recogida, casi un 40 por ciento de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas. Es por ello que durante la premiación en el Congreso se reconoció a varios de sus representantes, quienes agradecieron el homenaje pero quienes también llamaron la atención sobre la necesidad de que las acciones no se queden en lo simbólico.
En una de sus intervenciones, Foronda Farro reconoció el papel que desempeñan los “héroes y heroínas que ponen en riesgo su vida en defensa de los derechos ambientales, del agua, de su territorio, de la calidad del aire, de la recuperación de los espacios públicos.”
Por su parte, el congresista Marco Arana, presente en la premiación, destacó el hecho de que se reconozca “la rebeldía de nuestros pueblos por defender la Madre Tierra, por defender los bosques amazónicos, nuestras fuentes de agua en los andes del Perú, la posibilidad del buen vivir en la costa del Perú”.
En ese marco, “es importante el reconocimiento otorgado por el Congreso de la República a representantes y organizaciones representativas de los pueblos indígenas como Wrays Pérez, Teresita Antazú, las federaciones nativas de Loreto, entre otros”, destacó Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), consultado sobre el evento.
“La lucha que libran los pueblos indígenas por la defensa del medio ambiente es una de las dimensiones más importantes de la defensa de los derechos humanos. Por eso es urgente que el Congreso y el gobierno aprueben una política integral para la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos”, agregó.
Recalca que varios de ellos, como lo dijeron los propios premiados desde el estrado, siguen siendo hostigados, perseguidos, acusados injustamente, mientras que otros son asesinados en el marco de la criminalización de la protesta.
La cita se extendió por varias horas y reconoció la labor de hombres y mujeres de todo el país. Las palabras de agradecimiento abundaron pero también las de alerta e incluso de auxilio. Compartimos algunas imágenes de lo que fue la premiación con señas de la problemática que cada zona afronta.
Ruth Buendía
El año 2014 fue premiada con el prestigioso Premio Goldman por su destacada labor en la defensa de la Amazonía amenazada por la construcción de una hidroeléctrica durante el gobierno de Alan García. Actualmente es presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), en la selva central.
Aunque han pasado algunos años desde aquella batalla, la situación en su zona, en el río Ene, sigue siendo muy difícil por la presencia de, entre otras actividades peligrosas, el narcotráfico.
“Hemos denunciado el cambio de uso de tierras para siembra de hoja de coca, hemos puesto en conocimiento a la fiscalía ambiental de La Merced pero, sin embargo, la administración está lenta”, advirtió.
No obstante, sostuvo que las comunidades se organizarán y defenderán su territorio y para eso pidió el apoyo de los congresistas presentes en la ceremonia. Luego de ser premiada, ella junto a la congresista Foronda, el parlamentario Marco Arana y el obispo de Huancayo, Pedro Barreto, se encargaron de entregar los galardones.
José Manuyama
Es representante del Comité del Agua de Iquitos, que agrupa a una serie de colectivos de dicha ciudad, principalmente jóvenes que salen a las calles a concientizar sobre la importancia de recursos naturales como el agua, que hoy se ve amenazado por fenómenos como el cambio climático y actividades como la petrolera en zonas de comunidades nativas.
Desde hace algunos años Manuyama, quien es profesor, está abocado a la defensa de los bosques de la localidad de Tamshiyacu, que se ubica a una hora de Iquitos. En esa zona opera la empresa de monocultivo Cacao del Perú Norte, a la que un grupo de campesinos acusa de invadir violentamente sus predios.
Manuyama agradeció el premio, que recibió en nombre de “todos los que luchan en las calles por el medio ambiente”; no obstante, pidió que las acciones desde el Congreso no se queden solo en actos simbólicos.
“Todo este simbolismo no es suficiente, se requiere de más pasos. Por ejemplo, de no más leyes a favor de empresas que destruyen la naturaleza, que matan pueblos con los desastres que provocan, y que el Congreso no sea un cómplice más de esas prácticas delictivas, antihumanas y antiambientales.”
En ese sentido, respecto a la empresa transnacional United Cacao, de la cual forma parte Cacao del Perú Norte, acusada de deforestar selva virgen, dijo que esta ha contado con el irregular respaldo del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que, sostuvo, el Congreso debería de investigar a todos los citados.
Víctor Zambrano González
Es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, y el 2016 recibió el Premio National Geographic de Liderazgo en Conservación. Su trayectoria como conservacionista de los bosques de la región de Madre de Dios es amplia.
“Madre de Dios es la tercera región más extensa del Perú y tiene una gran cantidad de bosques, los cuales deben ser protegidos. Ahora nos enfrentamos contra los rebeldes de la minería ilegal, pero ver a los más de 50 defensores del ambiente juntos el día de hoy me llena de energía”, dijo durante la ceremonia, según reseña una nota de Mongabay.
Juana Payaba Cachique
Fue reconocida por su lucha contra el ingreso de empresas petroleras, la tala ilegal y el daño causado por la contaminación de la minería ilegal, en su comunidad de Tres Islas, en la región de Madre de Dios.
Ella reivindica el derecho de los pueblos indígenas a su propio sistema de justicia y recordó que han ganado batallas legales en el sistema ordinario contra agentes invasores, pero las sentencias no se hacen cumplir. Esta pasa con un mandato del Tribunal Constitucional que les da la razón contra la invasión de mineros y transportistas ilegales.
Al momento de ser reconocida, la lideresa solicitó el apoyo de más gente en la defensa de la Amazonía ya que, ante la indiferencia de las autoridades, ha sido la propia comunidad la que se ha visto obligada a hacer huir a los mineros ilegales de sus territorios.
Rosa Amaro
Veterana activista, es representante del Movimiento por la Salud de La Oroya y demanda al Estado haga cumplir las normas ambientales para beneficio de los pobladores y los propios trabajadores de la minería.
Su papel y valentía la ha llevado a ser blanco de agresiones verbales. El movimiento que integra se creó el 2002 y lo conforman los pobladores de la zona quienes aseguran que la contaminación de plomo es por la emisión de gases tóxicos del complejo metalúrgico Doe Run.
“Muchas de nuestras autoridades han minimizado este tema (la contaminación) por el mismo hecho de que una empresa transnacional cometió muchos abusos con nosotros, y la responsabilidad grande es del Estado. Porque es el Estado el que permite las concesiones, pero, sin embargo, no fiscaliza”, denunció.
Pedro Barreto
Barreto es reconocido por tener un rol importante en la batalla contra la contaminación en La Oroya por parte de la empresa minera Doe Run. Esta lucha lo ha llevado a recibir amenazas por parte de desconocidos hace solo algunos años.
Barreto destacó la multidiversidad y pluriculturalidad del país, y recalcó el papel que la Iglesia Católica viene teniendo a favor de la defensa del medio ambiente y la vida en la Amazonía y que se expresa en las acciones que impulsa la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), de la cual es vicepresidente.
También llevó el mensaje de la encíclica Laudato Si, también llamada ‘encíclica verde’, del Papa Francisco, que en su punto dos señala, leyó Barreto, que “olvidamos que nosotros mismos somos tierra” y que “nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.”
También llevó el mensaje del Papa que alguna vez dijo, recordó Barreto: “Dios perdona y olvida, las personas humanas perdonan pero no olvidan, y la naturaleza no perdona y no olvida”, por lo que es importante actuar ahora, sostuvo. También saludó la iniciativa de la Comisión de Pueblos como un primer paso para “pasar de una política partidista a una política que busque el bien común”.
Mirtha Vásquez
En el marco del conflicto por el proyecto minero Conga que estalló el año 2012 en Cajamarca, la abogada ha desarrollado un papel crucial en la defensa legal de los defensores y defensoras del ambiente de la región. Esto le ha costado amenazas contra ella y contra su familia.
También viene teniendo una destacada labor en su rol de defensora de la campesina Máxima Acuña, a quien la empresa minera Yanacocha, a cargo de Conga, busca despojar de sus territorios.
Más temprano, Vásquez recibió el galardón otorgado a la campesina cajamarquina que no pudo asistir a la cita por problemas de salud y por los conflictos judiciales generados por la empresa que la obligan a no abandonar la región.
“Recibo este premio a nombre de toda la gente que día a día en Cajamarca, en particular, ha ofrendado su vida, ha quedado herida, son criminalizados, son perseguidos hasta el día de hoy, y arriegan día a día su vida. No solamente por defender los intereses de los cajamarquinos sino los intereses del todo el mundo”, dijo la abogada.
“La lucha por el medio ambiente es una lucha por la vida”, sentenció.
Wrays Pérez Ramírez
Recibió el homenaje en nombre del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), por el destacado papel que viene teniendo en la defensa del medio ambiente.
Entre las acciones que realiza dicho gobierno autónomo destaca la defensa constante de sus ríos, que en los últimos años se han visto dañados por la minería ilegal que promueven principalmente agentes externos.
También destaca su posición frente a la actividad petrolera que amenaza sus territorios.
El GTANW se conforma en noviembre de 2015 en una asamblea en la comunidad nativa de Soledad, abarca más de un millón 300 mil hectáreas en las cuencas de los ríos Santiago y Morona, en las regiones de Amazonas y Loreto, en la selva norte del país.
Melchora Surco
Ha tenido una destacada labor en la búsqueda de la verdad sobre la contaminación por minerales en la provincia de Espinar en Cusco, donde opera la gran minería.
El caso ha sido expuesto por ella misma en espacios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
“(El conflicto de 2012 en Espinar) ha dejado 3 muertos, 30 heridos, 50 denunciados por defender nuestro agua, nuestro suelo. Son los daños que causa las empresas mineras, pero que tiene el apoyo del Estado”, dijo Melchora.
“Nosotros hemos visto envenenados con 17 metales pesados, y nosotros queremos vivir sano y digno”, reclamó. Pidió así que a los afectados por la minería, como ella, cuenten con un seguro social, se les indemnice y tengan un seguro de vida. Y que además los proyectos mineros se consulten a la población local afectada.
Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yáneshas (Unay)
Recibió el reconocimiento su representante Teresita Antazú, quien tiene una reconocida trayectoria como promotora de la agenda de derechos humanos de las mujeres indígenas. A raíz de los sucesos de Bagua, en junio de 2009, ella fue acusada por los delitos de apología, rebeldía y motín únicamente por participar en una conferencia de prensa. Hace un año que se vio liberada de estas acusaciones.
Hace poco más de un mes participó del Tribunal de Mujeres que se conformó en el marco del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), donde compartió espacio con otras expertas de otros países.
“Reciban el saludo de parte de mi pueblo Yanesha y de parte de nuestra naturaleza, porque nosotros defendemos la tierra, la Madre Tierra, de parte de nuestros hermanos los árboles, los animales que están en el bosque, porque nosotros dependemos de ellos. Nuestra naturaleza es nuestra, pero si no la luchamos nos están quitando”, dijo Teresita al momento de su intervención.
En otro momento, aprovechó el espacio para denunciar que en Huánuco, a una comunidad llamada Nueva Austria, se le ha anulado su título por, sostuvo, “intereses de los madereros y mineros” que quieren operar en la zona. Se trata de una comunidad yanesha y asháninka. Ella pidió el apoyo de los congresistas.
Como se mencionó en un principio, se premió a alrededor de 50 personajes y organizaciones. Reseñar los expuesto por todos ellos no cabe en una sola nota. Mencionamos, eso sí, el nombre de varios de ellos a continuación: Comuneros de Seccetunas en Huancavelica, afectados por la empresa minera Doe Run; Ricardo Jeri, presidente del Comité de Pueblos Costeros de Chimbote; Virginia Paredes, de Cotabambas en Apurímac.
También Saúl Juárez, extrabajador de minera Antamina y a la cual acusa de causarle daños irreparables a su salud; Carlos Alfredo Bocanegra, ambientalista de Trujillo; Yolanda Flores, defensora del pueblo Aymara en Puno; Lourdes Leyva, ambientalista de Paramonga en la costa peruana; federaciones de las llamadas cinco cuencas de Loreto.
Asimismo, las federaciones de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, también en Loreto; organización Aidesep de Ucayali ORAU; Sindicato Único de Trabajadores del SERNAMP; Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CONAGUAPERÚ), Sindicato de Pescadores de Chimbote; organización Costa Verde de Todos, de Lima; Asociación de Trabajadores de Lombricultura 1º de Mayo, en Lima.
Otros también fueron el Comité Vecinal Parque Manhattan de Comas, en Lima; Asentamiento Humano Santa Inés de Chaclacayo, en Lima; Comités Unidos de Carabayllo en Lima; Asociación Ecológica Lomas de Primavera, de Carabayllo; Radio Marañón; entre otros.